No. La Ley de Consumidores y Usuarios recoge está práctica –redondeo al alza- como una práctica abusiva y, por ello, no aplicable.

Si el usuario entrega el vehículo fuera de la hora acordada, la entidad podrá facturar por el tiempo que se haya disfrutado del vehículo conforme a las tarifas establecidas para el uso del mismo, no pudiendo facturar por periodos en que el servicio no ha sido efectivamente prestado, es decir, por ejemplo, cobrar dos horas si se ha utilizado 10 minutos más de lo acordado, o un día completo si se entrega dos horas tarde.

Póngase en contacto con la compañía de alquiler de vehículos para que le informen sobre qué pasos debe seguir o procedan a realizar las oportunas gestiones.

Recomendamos que antes de recoger el vehículo se consulte a la entidad sobre qué hacer en estos casos y se lleve siempre encima un teléfono de contacto.

Las multas las paga el infractor, es decir, el conductor arrendatario. No obstante, si la multa llega al propietario del vehículo, es decir, la empresa arrendadora, por no haberse podido identificar el conductor, ésta deberá indicar a la policía o DGT quién es la persona que tenía en alquiler ese vehículo en la fecha de la infracción para que dicho organismo se ponga en contacto con el usuario y este sea quién proceda a pagar o a recurrir la multa, según estime oportuno.

Antes de realizar ningún recargo adicional al arrendatario tras la entrega del vehículo, la entidad deberá informarle y acreditar (en caso de no estar conforme) las causas por las que se pretende realizar dicho recargo. La entidad no podrá, sin más, realizar ningún cobro de la tarjeta, cuenta o parte de la fianza del usuario.

Además, sobre la posibilidad de realizar dichos recargos, deberá haber sido informado previamente y estar recogido en el contrato.

La compañía tiene derecho a una indemnización o compensación por los daños y perjuicios que haya causado el arrendatario, pero eso no le otorga la facultad de realizar recargo alguno en la tarjeta del usuario sin autorización previa.

En caso de conflicto la entidad cuenta con los cauces legales establecidos por la legislación.

La ley excluye expresamente el derecho de desistimiento (cancelar el contrato en 14 días sin causa justificada) para el alquiler de vehículos siempre que se haya realizado la reserva para un día o periodo concreto.

No obstante, la compañía, de forma unilateral puede reconocer este derecho al consumidor y establecer las condiciones bajo las cuales puede ejercerse el mismo.

Igualmente la entidad tiene la facultad de conceder el derecho de cancelación del contrato, así como las condiciones y compensaciones de dicha cancelación.

En cualquier de los casos la entidad deberá informar de forma clara al usuario sobre este derecho.

Cuando se reserva un vehículo, se opta por una categoría de vehículo, es decir, no se elige un vehículo concreto, por lo que puede que cuando vayamos a recoger el coche éste sea diferente al que aparecía en la página web o anuncio. En todo caso la entidad deberá indicar los posibles vehículos de los que podría disfrutar en la categoría elegida.

Sí, siempre que se informe de forma previa a la suscripción del contrato y que quede recogido en el mismo.

La entidad puede imponer limitaciones o restricciones en relación al número de kilómetros que se pueden realizar con un vehículo y facturar por el exceso de kilómetros realizados, siempre que dicha información haya sido previamente facilitada y quede recogido en el contrato.

Asimismo, podrán establecerse límites geográficos para el uso del vehículo. Estas limitaciones y las consecuencias que esto podría suponer deberán indicarse al consumidor de forma previa al contrato y reflejarlo en el contrato.

El usuario deberá informarse, y deberá quedar recogido en el contrato, sobre la posibilidad –o no- de que el vehículo pueda ser utilizado por un conductor diferente a la persona contratante y, en su caso, el importe que esto supondría.

Muchas empresas de alquiler de vehículos imponen un sobrecargo si el vehículo se recoge o se entrega en una estación de tren o aeropuerto. Deberá informar claramente de este importe antes de contratar el servicio.

El contrato deberá estar a disposición del consumidor antes de la firma del mismo de manera que este pueda conocer su contenido.

La redacción deberá ser transparente, clara, concreta y sencilla de manera que el consumidor comprenda claramente el contenido del contrato y conozca efectivamente las condiciones bajo las que contrata.

Es decir, la redacción del contrato deberá basarse en la buena fe y en el justo equilibro entre las partes, de manera que el consumidor no se encuentre posteriormente, por no haber entendido el contrato, con condiciones sorpresivas lesivas con sus derechos que puedan suponer, por ejemplo, un recargo inesperado.

Por eso, la ley establece que, si existen cláusulas contradictorias o si alguna cláusula es oscura o de difícil comprensión se interpretará a favor del consumidor; y, si existen clausulas que el consumidor no haya tenido oportunidad de conocer antes de contratar o son ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, se tendrán por no puestas. También se tendrán por no puestas las clausulas contrarias a la ley y las clausula abusivas.

El tamaño de la letra del contrato no podrá ser inferior al milímetro y medio y deberá tener el suficiente contraste con el fondo de manera que no dificulte la lectura. Además, deberá estar redactado, al menos, en castellano.

El contrato deberá celebrarse en los locales de la empresa arrendadora, si bien su formalización y la entrega efectiva de los vehículos a los usuarios podrán llevarse a cabo en un lugar diferente, siempre que quede garantizada la contratación previa; no obstante, el contrato podrá ser celebrado en las delegaciones u otros locales auxiliares que la empresa arrendadora tenga en hoteles, agencias de viaje, complejos turísticos o centros similares, siempre que se haya comunicado tal sede.

En el contrato constará, al menos, el nombre, domicilio y número de identificación fiscal o código de identificación fiscal del arrendador y del arrendatario, el plazo de duración del contrato, el precio convenido, la matrícula del vehículo arrendado, el número de la autorización de arrendamiento a cuyo amparo se celebra el contrato, el órgano que la otorgó y el resto de las circunstancias que libremente pacten las partes.

Deberá suscribirse de forma independiente un contrato por cada arrendamiento de vehículos que la empresa efectúe. El contrato de arrendamiento o una copia de éste deberá ir, en todo caso, a bordo del vehículo arrendado. Si el alquiler fuera con conductor, se referirá, en todo caso, a la capacidad total del vehículo que se haya de utilizar, sin que quepa alquilar sus plazas de forma separada a distintos arrendatarios o clientes.

La empresa arrendadora habrá de conservar copia de los contratos durante el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de su conclusión; si el alquiler fue con conducto, este plazo será de un año.

En cuanto a las especificidades de contratar a través de internet, puede consultar nuestro apartado de comercio electrónico.

La Ley de Consumidores y Usuarios establece expresamente que no existe derecho de desistimiento en caso de alquiler de vehículos salvo que no se hubiese especificado una fecha o periodo concreto para la prestación del servicio.

No obstante, la compañía puede, si así lo quiere, otorgar ese derecho al consumidor y podrá imponer las condiciones bajo las que lo concede.

En cuanto a la posibilidad de cancelación del contrato de arrendamiento (ya sea antes o durante la prestación del mismo), habrá que estar a las condiciones que establezca el contrato.

Los vehículos, para poder circular, deben contar, como mínimo, con el seguro de responsabilidad civil, el conocido como seguro a terceros.

Lo habitual es que las empresas de alquiler de vehículos ofrezcan al consumidor la posibilidad de contratar seguros adicionales. En ese caso la entidad deberá indicar exactamente las contingencias que cubren los distintos seguros, el importe, y, de contratarse, deberá entregase una copia de la póliza al arrendatario.

En España, las entidades de alquiler de vehículos están obligadas a contar con hojas de reclamaciones homologadas y entregarlas al consumidor cuando éste las solicite; en caso contrario podrá llamar a la Policía Local para que deje constancia puesto que es una infracción administrativa.

En el apartado «cómo reclamar» se explica cómo realizar una reclamación, los pasos a seguir y se facilitan formularios de reclamación.

La entidad, a la hora de formalizar el contrato, no podrá solicitar más datos de los necesarios para la gestión del mismo, debiendo informar al usuario del tratamiento que se dará a los datos y, en su caso, de la existencia de un fichero. 

Si la entidad fuese a utilizar los datos para una finalidad distinta de la meramente contractual deberá recoger el consentimiento expreso e informado del arrendatario e informar sobre dicho tratamiento.

La entidad deberá informar al consumidor sobre sus derechos ARCO y como ejercerlos, dotándole de un mecanismo gratuito para ello.

Si como consecuencia de un deficiente mantenimiento del vehículo o deber de vigilancia de las condiciones del mismo, se produjese un daño para el usuario (por ejemplo, un problema del vehículo provoque un accidente, o se quede parado y eso suponga consecuencias negativas para el consumidor), el arrendador será responsable ante el usuario.

Si el problema fuese consecuencia de un defecto del propio vehículo, inevitable y/o imprevisible para el arrendador, será el fabricante del vehículo el responsable de los daños y perjuicios ocasionados siempre que no hayan transcurrido los plazos legales para ello.

Contrato celebrado entre dos partes –en este caso consumidor y agencia de viajes– por el que el primero adquiere el uso y disfrute del bien arrendado, en este caso el vehículo, por un periodo de tiempo y condiciones determinadas, a cambio del abono de un precio cierto.

El período de alquiler comienza cuando se recoge el vehículo (salida) y termina cuando se devuelve el vehículo y las llaves (llegada).

Son todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Persona que está autorizada legalmente, por medio de la obtención de la correspondiente licencia, para la conducción de vehículos, del tipo establecido en la licencia. En un contrato de alquiler de vehículos el conductor debe estar  identificado como tal, y debe establecerse al menos uno.

Son cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato es impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. No dejan de ser condiciones generales de contratación por el hecho de que las haya redactado un autor neutral o porque algún elemento de una cláusula o una cláusula o varias aisladas, hayan sido negociadas individualmente, debiéndose hacer un juicio global para saber si se está ante un contrato de adhesión.

Son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada.

Cantidad que debe entregar, en caso de ser exigido, el arrendatario a la empresa de alquiler de vehículos como garantía del cumplimiento de sus obligaciones.

Una de las condiciones del contrato puede ser el kilometraje máximo que puede hacerse con el vehículo durante los días que se tenga alquilado. En caso de superarlo, le podrán cobrar un cargo, en caso de que así lo establezcan las condiciones generales o particulares del contrato.

En el contrato debe establecerse el lugar de retorno y devolución del vehículo y las llaves. Éste podrá ser la misma oficina u otra de la misma compañía o en un sitio específico acordado por las partes previamente.

Antes de contratar un servicio el precio indicado debe ser el final, incluidos impuestos, incrementos o descuentos aplicables, y gastos complementarios por servicios contratados. Éstos deben corresponderse con la publicidad y lo reservado.

No se podrán realizar nuevos cargos no aceptados en el momento posterior a la firma del contrato.

Agotada la reclamación extrajudicial, es el proceso por el cual el demandante solicita a los Tribunales de Justicia que juzguen los hechos que plantea contra otro particular, y hagan ejecutar lo juzgado. Requiere la asistencia de abogado y procurador cuando la petición supera los 2.000 €.

Proceso en el cual un consumidor plantea un incumplimiento del vendedor, y solicita el cumplimiento del contrato o su resolución, además, en su caso, de los daños y perjuicios que se le hayan causado.

Es reservar un vehículo para la recogida en la hora, fecha y condiciones particulares determinadas, en una oficina específica. Antes de la reserva se deberán indicar las condiciones de la misma, incluidas las de cancelación. La aceptación de la reserva no implica la contratación, ya que se deberá aceptar y firmar el posterior contrato de alquiler una vez se proceda a formalizar en la agencia de alquiler de vehículos, y cumplir los requisitos establecidos en las condiciones, como estar autorizado legalmente para conducir.

El seguro es un medio para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio producido por la aparición de determinadas situaciones de daños, accidentes o siniestros.

El contrato de seguro nos permite obtener una indemnización o resarcirnos de un daño sufrido, a cambio del pago de una cantidad económica denominada prima, en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.

Es el seguro que ofrece mayor cobertura ante eventuales daños y siniestros. Puede contratarse con o sin franquicia, de modo que, según la forma de contrato, se abonará una cuantía máxima en caso de daño o ninguna.

En caso de contratar el seguro con franquicia la cuantía máxima a abonar en caso de daño o siniestro debe estar especificada previamente en las condiciones generales del contrato.

Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado, de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.

En España, los coches que circulan deben tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio por ley. Así, en caso de ocurrir un accidente, el seguro del vehículo causante del siniestro se hará responsable de los daños personales y materiales que ocasione el vehículo asegurado.

Es cualquier operación que suponga la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supresión, así como la cesión de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.