Además del devengo de intereses de demora y comisiones por devolución, el impago reiterado (generalmente a partir de la tercera cuota) provocará que la entidad dé por resuelto el contrato (el llamado vencimiento anticipado) reclamando no solo las cuotas impagadas sino la totalidad del capital pendiente.

Si firmó una garantía (hipoteca o aval), la entidad podría hacerla efectiva en caso de impago -en las condiciones fijadas por contrato-, y si con eso no quedara saldada la deuda, podrán reclamar el resto, incluso llegando a embargar la nómina o ingresos del deudor.

Una vez analizada la capacidad de devolución del préstamo, debe leerse detenidamente el clausulado, sobre todo los intereses y comisiones aplicables.

Aconsejamos que se solicite a la entidad información sobre cómo se calcula el interés aplicable, incluso mediante un ejemplo, a fin de que pueda conocerse de forma real el coste total del préstamo.

Es importante conocer algunos aspectos como, por ejemplo, los costes y las consecuencias que supondría solicitar una prórroga del contrato, la amortización anticipada, el retraso en el pago de una cuota –o varias– o el impago de éstas.

Esta comisión es debida a los gastos que genera la reclamación de una cuota impagada.

No obstante, la entidad deberá acreditar que el coste de reclamar el pago equivale a la comisión cobrada, de lo contrario sería abusiva y no aplicable, por lo que el prestatario podrá reclamar su devolución.

Sí. El consumidor podrá liquidar anticipadamente, de forma total o parcial y en cualquier momento, las obligaciones derivadas del contrato de crédito.

No obstante, el prestamista tendrá derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por los posibles costes derivados de la cancelación anticipada, siempre que el reembolso anticipado se produzca dentro de un período en el cual el tipo deudor sea fijo.

Dicha compensación:

-no podrá ser superior al 1% del importe reembolsado anticipadamente si el período restante entre la fecha del reembolso y la de la terminación acordada del contrato de crédito es superior a un año.

-Si el período no supera un año, la compensación no podrá ser superior al 0,5% del importe del crédito reembolsado anticipadamente.

Si el prestamista demuestra la existencia de pérdidas producidas como consecuencia del reembolso anticipado del crédito, podrá reclamar excepcionalmente una compensación más elevada que la establecida.

Si la compensación reclamada por el prestamista supera las pérdidas sufridas realmente, el consumidor podrá exigir la reducción correspondiente.

En caso de préstamos o créditos hipotecarios, la comisión por cancelación anticipada, salvo que se pacte una inferior, será la siguiente:

• i) al 0,5 por ciento del capital amortizado cuando la amortización se produzca dentro de los cinco primeros años
• ii) al 0,25 por ciento del capital amortizado cuando la amortización se produzca transcurrido 5 años

Lo primero que debe hacer es contactar con su asociación de consumidores para que le oriente sobre cómo llevar a cabo una reclamación realmente efectiva.

Las cláusulas abusivas son nulas y por ello no pueden aplicarse; no obstante, sólo un juez puede declararlas como tales, por ello es importante hacer una reclamación con una buena fundamentación jurídica a fin de evitar tener que acudir a los tribunales de justicia.

En primer lugar deberán enviarle un acuse de recibo de la contratación solicitada, por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas.

En el plazo más breve posible y, como muy tarde, en el momento de la entrega del importe, debe facilitarse una copia del contrato en soporte duradero ­–tiene la consideración de soporte duradero el papel, las memorias USB, los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de memoria o los discos duros de ordenador, los correos electrónicos, así como los mensajes SMS.

Si se llevase a cabo alguna tasación o se contratase algún tipo de gestión cuyo gasto corriera a cargo del prestatario, deberá entregarse copia de dichos documentos, además de la factura del servicio prestado. En el caso de la tasación, si no se contratase el préstamo, deberá entregarse el original.

En primer lugar deberán enviarle un acuse de recibo de la contratación solicitada, por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas.

En el plazo más breve posible y, como muy tarde, en el momento de la entrega del importe, debe facilitarse una copia del contrato en soporte duradero ­–tiene la consideración de soporte duradero el papel, las memorias USB, los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de memoria o los discos duros de ordenador, los correos electrónicos, así como los mensajes SMS.

Si se llevase a cabo alguna tasación o se contratase algún tipo de gestión cuyo gasto corriera a cargo del prestatario, deberá entregarse copia de dichos documentos, además de la factura del servicio prestado. En el caso de la tasación, si no se contratase el préstamo, deberá entregarse el original.

El aval o fianza consiste en la obligación del avalista de pagar o cumplir la obligación del deudor en caso de que éste no lo haga; el prestamista podrá reclamar al avalista si el deudor principal no paga, o bien podrá reclamarle directamente si la fianza es solidaria. Además, el aval puede ser limitado o ilimitado (según cubra la deuda o la deuda y además sus accesorios, como los gastos judiciales), y onerosa o gratuita, según que el avalado pague o no al fiador por la garantía que otorga.

La forma en que responde el avalista deberá venir reflejada en el contrato y deberá haberse informado previamente, tanto al prestatario como al avalista.

El fiador que pague por el deudor puede reclamar a éste aquello que hubiera pagado en ejecución de la fianza.

Lo habitual es que las fianzas exigidas por las entidades financieras se suscriban con previsión de solidaridad, y con renuncia a los beneficios de orden, división y excusión. Esto significa que el banco acreedor puede reclamar al fiador aun antes que al deudor; que si existen varios fiadores puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquier de ellos; y que el avalista no puede oponerse al pago aunque el deudor principal aún tenga bienes.

En definitiva, de forma previa a la firma por parte del avalista debe considerar las graves consecuencias que puede tener sobre su patrimonio el incumplimiento por parte del obligado principal. Más aún cuando el aval es hipotecario, en el sentido de que se aporta un inmueble como garantía adicional del préstamo de que se trate.

Legalmente no es obligatorio contratar ningún seguro.

No obstante, es habitual que muchas entidades exijan la contratación de un seguro que cubra determinadas contingencias (desempleo, incapacidad, etc.) para conceder el crédito o préstamo, lo cual no es contrario a la ley siempre que no se trate de una garantía desproporcionada y que suponga un gravamen excesivo para el consumidor.

En todo caso, a la hora de contratar un préstamo o crédito, el seguro no puede venir premarcado por defecto en el contrato; debe informase al consumidor sobre las condiciones contractuales del mismo y debe existir consentimiento expreso del consumidor para su contratación.

Las entidades deben ser flexibles a la hora de adoptar medidas que permitan la identificación de las personas solicitantes en atención a su perfil de riesgo y de su situación personal. Deben permitir diferentes alternativas de identificación, especialmente a las personas que se encuentran lejos de su país de origen.

En el apartado Derechos, consulta los documentos que son válidos para acreditar la identidad de las personas solicitantes de asilo o de las que no tengan permiso de residencia pero que no sea posible su expulsión. Si el banco deniega el acceso a una cuenta, podrás reclamar (ver apartado “cómo reclamar”).

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aun cuando una empresa conste como liquidada y cancelada en el Registro Mercantil, el consumidor podrá reclamar su crédito o derecho a través de la persona liquidadora.

Según el Tribunal Supremo (Sentencia núm. 324/2017, de 24 de mayo de 2017) «aunque la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva, en principio, la pérdida de su personalidad jurídica, en cuanto que no puede operar en el mercado como tal, conserva esta personalidad respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación. A estos efectos, relacionados con la liquidación de la sociedad, esta sigue teniendo personalidad, y por ello capacidad para ser parte demandada.»

https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8033511/Prescripcion/20170526

Las entidades, deberán disponer en sus oficinas de un tablón de anuncios, de folletos informativos sobre sus créditos o préstamos hipotecarios y, en caso de tener página web, esta deberá contener información al respecto.

El contenido de las ofertas, promociones o publicidad será vinculante para la entidad y exigible por el consumidor.

• Tablón de anuncios

El contenido del Tablón de Anuncios deberá ser fácilmente legible, garantizando la accesibilidad de las personas con discapacidad, y recogerá toda aquella información que las empresas deban poner en conocimiento de los consumidores, tales como

– La existencia y disponibilidad del folleto de tarifas

– Referencia a la existencia de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos

– Normativa que regula la protección de los consumidores

– El derecho de los consumidores a solicitar ofertas vinculantes

– Derecho de desistimiento, de catorce días, en caso de empresas que realicen actividades de intermediación

-Cualquier otra información que reglamentariamente determinen las Comunidades Autónomas

• Folleto

Las empresas deberán informar obligatoriamente a los consumidores que soliciten préstamos o créditos hipotecarios mediante la entrega gratuita de un folleto.

Los precios, tarifas y gastos repercutibles se recogerán en un folleto, que se redactará de forma clara, concreta y fácilmente comprensible.

• Web

Las empresas que ofrezcan la posibilidad de realizar sus actividades a través de Internet incluirán, además de la información sobre el servicio:

• dirección o domicilio social
• denominación social y, en su caso, nombre comercial
• Referencia a su inscripción en los registros
• las informaciones de obligatoria inserción en el tablón de anuncios

el folleto de tarifas de forma que su consulta sea accesible, sencilla y gratuita

El prestamista, si el consumidor así lo solicita, deberá entregar un documento como oferta vinculante, con todas las condiciones del crédito, que debe mantener durante un plazo mínimo de catorce días naturales.

En caso de préstamo o crédito hipotecario, efectuadas la tasación y las oportunas comprobaciones registrales y la capacidad financiera del prestatario, la entidad vendrá obligada a efectuar una oferta vinculante o, en su caso, a notificarle la denegación del préstamo o crédito. La oferta tendrá un plazo de validez no inferior a diez días hábiles desde su fecha de entrega.

(Cuando se trate de la concesión, o la intermediación para la concesión, de un préstamo hipotecarios con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre un inmueble de uso residencial; o este tenga por objetivo adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor, les será de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario)

Publicidad

La publicidad se ajustará a la naturaleza del producto ofrecido, sus características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación y serán exigibles aún cuando no figuren expresamente en el contrato.

En cuanto a los préstamos hipotecarios concedidos por entidades no de crédito, cuando la publicidad haga referencia a;

-el importe del crédito o préstamo o se indique el tipo de interés deberá mencionarse también la tasa anual equivalente, mediante un ejemplo representativo

– A agrupación de distintos créditos o préstamos en uno solo, deberá facilitarse información de forma clara, concisa y destacada de cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupación.

Se prohíbe hacer referencia a la reducción de la cuota mensual a pagar, sin mencionar de forma expresa el aumento del capital pendiente y el plazo de pago del nuevo préstamo o crédito.

Información previa al contrato.

Deberá suministrarse, de forma gratuita, en soporte de naturaleza duradera y con una antelación mínima de cinco días a la celebración del contrato y, en todo caso, antes de obligarse con la entidad, al menos la siguiente información:

• En cuanto a la propia empresa:

Identidad, página web de la empresa y su carácter de franquiciado; póliza de seguro de responsabilidad; el registro, autonómico o estatal, en el que la empresa esté inscrita y su número;

• En cuanto al préstamo o crédito hipotecario ofrecido

-Una descripción de las principales características del contrato de préstamo o crédito

-El precio total (incluidas comisiones, cargas y gastos, todos los impuestos –cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base de cálculo que permita al consumidor comprobar el precio); así como el TAE expresado mediante un ejemplo representativo.

-Una advertencia de que el préstamo o crédito está relacionado con instrumentos u operaciones que implican riesgos especiales.

-La indicación de que puedan existir otros impuestos o gastos

-Las modalidades de pago y de ejecución.

• En cuanto al contrato de préstamo o crédito hipotecario:

-El derecho a obtener una oferta vinculante, su duración y las condiciones y modo para ejercerlo.

-Derecho de las partes a resolver el contrato anticipadamente o unilateralmente, incluidas las compensaciones

-Medios de reclamación y cómo puede acceder a ellos.

–El incumplimiento de los requisitos relativos a la información previa podrá dar lugar a la invalidez de los contratos.

Sí la empresa contrata o efectúe directamente los servicios preparatorios a cargo del consumidor, deberá indicar la identidad de los profesionales y los costes. Deberá entregarse al consumidor el servicio contratado; si el crédito o préstamo hipotecario no llega a formalizarse, o una copia en el caso contrario. En particular, las empresas deberán entregar al consumidor copia del informe de tasación si la operación llega a formalizarse, o el original de dicho informe, en caso contrario.

Folleto informativo

El folleto informativo indicará con claridad los gastos preparatorios de la operación (asesoramiento, tasación, comprobación de la situación registral del inmueble, u otros que sean a cargo del consumidor aun cuando el préstamo o crédito no llegue a otorgarse).

Las empresas establecerán libremente sus tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a los consumidores. En el caso de que estén sujetos al resultado de la negociación y a las condiciones concretas de la operación que se contrate, deberá indicar expresamente el carácter orientativo de aquéllos.

Contenido del folleto

-En cuanto a la propia empresa:

Identidad, número o código de identificación fiscal, razón social, domicilio social y actividad principal.

Página web y, en su caso, su carácter de franquiciado.

Póliza de seguro de responsabilidad civil o aval

Registro y número en el mismo

– Identificación del préstamo:

Denominación comercial

Cuantía máxima del préstamo respecto al valor de tasación del inmueble hipotecado.

Moneda

–Plazo del préstamo:

Plazo total, plazo de carencia de amortización del principal,

Periodicidad de los pagos

Sistema de amortización

-Tipo de interés:

Modalidad del tipo de interés (fijo/variable).

Tipo de interés aplicable: índice o tipo de referencia

Plazo de revisión del tipo de interés

-Comisiones:

De apertura;

De amortización anticipada

Otras

-Gastos a cargo del prestatario:

Servicios que concertará o prestará directamente la entidad de crédito

Los gastos que se cobrarán o repercutirán al cliente

Servicios que deberá obligatoriamente contratar y abonar directamente el cliente

Impuestos y Aranceles

-Importe de las cuotas periódicas:

Se proporcionará una tabla de cuotas periódicas

Contrato

Deberá entregarse al cliente el correspondiente ejemplar del documento contractual en que se formalice el servicio recibido.

El documento deberá recoger de forma explícita y clara los siguientes extremos:

a) El tipo de interés nominal, la TAE u otra expresión equivalente

b) La periodicidad, las fechas y la liquidación del devengo de los intereses, la fórmula utilizada para calcularlos y cualquier otro dato necesario para el cálculo de dicho importe.

c) Las comisiones y gastos repercutibles que sean de aplicación (cuantía, fechas de devengo y liquidación)

d) La duración y, en su caso, la condiciones para su prórroga.

e) Las normas relativas a las fechas valor aplicables.

f) Los derechos y obligaciones de la entidad para la modificación del tipo de interés, las comisiones o gastos repercutibles; y los derechos del cliente si se produce tal modificación.

– índices o tipos de referencia no podrán depender exclusivamente de la propia empresa, ni ser susceptibles de su influencia y, siempre, los datos que sirvan de base al índice sean agregados, debe ser de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

– No será necesario notificar al consumidor las variaciones experimentadas en el tipo de interés aplicable, en el caso de tipo de interés variable, cuando  se haya pactado la utilización de un índice o tipo de referencia oficial

g) Los derechos y obligaciones del cliente en relación a la cancelación del préstamo o al reembolso anticipado y su coste.

h) Las consecuencias por incumplimiento de sus obligaciones, especialmente, por impago.

i) Los derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la modificación del coste total del préstamo o crédito.

Las escrituras contendrán, debidamente separadas de las restantes, las cláusulas financieras. Las demás cláusulas de tales documentos contractuales no podrán desvirtuar el contenido de aquéllas.

Son entidades de intermediación aquellas que sirven de intermediarios entre consumidores y entidades para la contratación de un préstamo o crédito mediante la presentación, propuesta o realización de trabajos preparatorios para la celebración de los mencionados contratos, incluida, en su caso, la puesta a disposición de tales contratos a los consumidores para su suscripción.

• Comunicaciones comerciales y publicidad

Las comunicaciones comerciales deberán indicar de forma expresa e inequívoca que la actividad que se promociona es de intermediación, y si trabajan en exclusiva con una entidad de crédito o empresa o vinculadas con varias entidades de crédito u otras empresas, o como intermediarios independientes.

Cuando se refiera a la agrupación de distintos créditos o préstamos en uno solo, deberá facilitarse información de forma clara, concisa y destacada de cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupación.

Además se prohíbe hacer referencia a la reducción de la cuota mensual a pagar sin mencionar de forma expresa el aumento del capital pendiente y el plazo de pago del nuevo préstamo o crédito.

• Información previa al contrato

Deberán suministrarse de forma gratuita, con una antelación mínima de quince días y, en todo caso, antes de que asuma cualquier obligación derivada del contrato, al menos la siguiente información:

a) En cuanto a la propia empresa:

Identidad, página web y, en su caso, su carácter de franquiciado; póliza de seguro de responsabilidad; registro, autonómico o estatal, en el que la empresa esté inscrita y su número;

b) En cuanto al servicio de intermediación ofrecido:

– Una descripción de las principales características del contrato

– El precio total que adeuda por el servicio prestado, con inclusión de todas las comisiones, cargas y gastos, así como todos los impuestos  -se paguen a través de la empresa o directamente. Cuando no pueda indicarse el precio, la base para el cálculo del mismo.

– La indicación de que puedan existir impuestos o gastos que no se paguen a través de la empresa. Si los gastos fueran causados por entidades designadas por la empresa deberá hacerse constar cuáles son y su cuantía.

– Las modalidades de pago y de ejecución.

– En el caso de agrupación de préstamos o créditos en uno solo, deberá informarse sobre la TAE y las características esenciales del préstamo o crédito propuesto y su comparación con los que se proponen agrupar, teniendo en cuenta todos los gastos y comisiones del servicio de intermediación y del contrato de préstamo o crédito propuesto.

c) Por ser un contrato de intermediación:

-Información sobre el derecho de desistimiento

-Información sobre la resolución anticipada o unilateral del contrato

-Información sobre los medios de reclamación, los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos a los que puede acudir el consumidor y cómo.

Esta información será vinculante para la entidad y el incumplimiento relativo a la información podrá dar lugar a la invalidez del contrato.

• Contrato

Se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan y deberán recoger de forma explícita y clara, al menos, el contenido relativo a la información previa al contrato.

El consumidor podrá desistir del contrato de intermediación en los catorce días naturales siguientes a la formalización del mismo.

Cuando se ofrezca un préstamo hipotecario, siempre que se haga referencia al coste, deberá indicarse el TAE mediante un ejemplo representativo, más aquella información que la regulación autonómica exija.

En el caso de agrupación de deudas, deberá informarse de cualquier tipo de gastos relacionados con la misma. Se prohíbe hacer referencia a la reducción de la cuota mensual sin mencionar, de forma expresa, el aumento del capital pendiente y el plazo de pago del nuevo préstamo o crédito.

Las empresas que trabajen en exclusiva -para una o varias entidades- no podrán percibir retribución alguna de los clientes. Las empresas independientes sólo podrán percibir retribución cuando se haya pactado.

Se prohíbe a las empresas percibir de los consumidores el precio o los fondos que constituyan el contrato principal.

Las empresas independientes estarán obligadas a seleccionar los productos que  mejor se adapten al consumidor, presentándoles, al menos, tres ofertas vinculantes

Deberes notariales y registrales.

Los notarios denegarán la autorización de préstamos o créditos con garantía hipotecaria cuando no cumplan con la legalidad vigente.

Los registradores denegarán la inscripción de los préstamos o créditos con garantía hipotecaria cuando no cumplan con la legalidad vigente

Deberes de los notarios

Deberán Informar al consumidor del valor y alcance de las obligaciones que asume y:

a) Comprobar si existen discrepancias entre la información previa al contrato, las condiciones financieras de la oferta vinculante y las cláusulas jurídicas y financieras del documento contractual, advirtiendo al consumidor de su derecho a desistir de la operación.

b) En el caso de préstamo o crédito a tipo de interés variable, advertirán al consumidor cuando:

1.º El índice o tipo de interés de referencia pactado no sea uno de los oficiales

2.º El tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que resultaría teóricamente de aplicar en dicho período inicial el tipo de interés variable pactado para períodos posteriores.

3.º Se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés (clausulas suelo/techo).

c) Si el préstamo o crédito es a tipo de interés fijo, comprobar que el coste de la operación corresponde efectivamente con las condiciones financieras del préstamo o crédito.

d) Advertir del coste del reembolso anticipado o si dicha posibilidad se limita de otro modo o no se mencionen expresamente

e) En el caso de que el préstamo o crédito esté en divisas, advertir sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio.

f) Comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican comisiones o gastos que debieran haberse incluido en dichas cláusulas

La decisión del funcionario por la que deniegue la autorización del préstamo o crédito con garantía hipotecaria, o la inscripción de alguna de sus cláusulas, deberá efectuarse mediante escrito motivado en hechos y fundamentos de derecho. Dicha decisión será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado conforme a la legislación específica.

Devolución de un préstamo o crédito antes de su fecha de vencimiento.

Forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona –avalista- de responder de la obligación contraída por otra –avalado- en caso de incumplimiento por parte de esta

Empresas cuya actividad consiste en recibir depósitos u otros fondos reembolsables, aplicándolos a la concesión de créditos.

Son Entidades de crédito: la banca, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, –que no pueden captar depósitos- y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Consiste en el aseguramiento de una obligación principal, por ejemplo, mediante un documento suscrito por un tercero para garantizar a un banco el buen fin de una operación de crédito de un cliente. También se denomina así al conjunto de bienes que se afectan al buen fin de una operación, generalmente de crédito.

Instituciones especializadas en la mediación entre las unidades económicas que desean ahorrar o invertir sus fondos y aquellas unidades que quieren tomar fondos prestados. Normalmente se captan fondos a corto plazo (a través de cuentas corrientes, depósitos, etc.) y se ceden a largo plazo (concesión de préstamos, adquisición de acciones, obligaciones, etc).

Contrato por el que una entidad se compromete a facilitar crédito a un cliente hasta un límite determinado. Durante el período de vigencia de la línea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automáticamente.

Abono de los intereses devengados en los términos establecidos en el contrato de una cuenta bancaria (tipo de interés, período de liquidación, etc.)

Tipo de interés que indica el coste o rendimiento efectivo de un producto financiero. La TAE se calcula de acuerdo con una fórmula matemática normalizada que tiene en cuenta el tipo de interés nominal de la operación, la frecuencia de los pagos (mensuales, trimestrales, etc.), las comisiones bancarias y algunos gastos de la operación. En el caso de los créditos, no se incluyen en el cálculo del coste efectivo algunos conceptos, como los gastos que el cliente pueda evitar en uso de las facultades que le concede el contrato, los gastos a abonar a terceros o los gastos por seguros o garantías (salvo algún tipo particular y siempre que la entidad imponga su suscripción para la concesión del crédito).

Es el precio del dinero. Se puede definir como la suma que se paga por obtener en préstamo una cantidad de dinero (o que se recibe por prestarlo), expresada como porcentaje de esa cantidad.

Es el tipo que se menciona usualmente en los contratos en los que se pacta el pago de intereses y se caracteriza porque en él no se descuenta la tasa de inflación (por oposición al tipo de interés real, en el que se resta la inflación).

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el carácter abusivo de los intereses de demora en los contratos de préstamo sin garantía hipotecaria celebrados con consumidores.

La sentencia, que desestima sustancialmente los recursos de la entidad bancaria prestamista, resuelve con base en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y declara que en los préstamos personales sin garantía hipotecaria concertados por consumidores es abusiva la condición general que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio.

La consecuencia de esta declaración de abusividad consiste en que el préstamo devengará exclusivamente el interés remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo.

En la misma sentencia declara que en los contratos bancarios concertados con consumidores, se presume que las cláusulas constituyen condiciones generales de la contratación, susceptibles de control de abusividad, salvo que se pruebe cumplidamente la existencia de negociación y las contrapartidas que en ella obtuvo el consumidor.

Por último, considera que la abusividad de una cláusula no negociada individualmente en un contrato celebrado con consumidores es apreciable de oficio cuando se resuelve un recurso de apelación, y que las consecuencias de la nulidad provocada por el carácter abusivo de la cláusula, en los términos que se derivan de la jurisprudencia comunitaria y nacional, han de ser aplicadas de oficio por los tribunales.

La sentencia apelada reprocha correctamente a la entidad financiera que no ofreciera una explicación convincente del porque en vía extrajudicial había reclamado al deudor demandado cantidades muy inferiores (en la última carta cursada el 5 de febrero de 2009 fueron 837,28 euros) a las que resultaban del propio listado de movimientos que acompañó en el acto del juicio o la que luego de se reclama judicialmente por importe de 4.075,26 euros.

La recurrente pretende justificar esta contradicción en que las cartas hacían referencia tan solo al principal pendiente de pago y que, una vez finalizadas las gestiones extrajudiciales para el cobro de la deuda, resolvió anticipadamente el contrato y pasó judicialmente a reclamarse toda la cantidad adeudada la cual incluía ya los intereses moratorios y comisiones devengadas. Sin embargo dicha explicación, aunque plausible, no consta debidamente acreditada al no haberse acompañado ninguna documental acreditativa de que la reclamación extrajudicial se ceñía solo al capital pendiente de amortización. Es más, en las referidas cartas se dice simplemente que «su deuda asciende a 837,28 euros» sin más precisión o apostilla que permitiera pensar que dicha cantidad no fuera la total deuda pendiente, de ahí que el deudor demandado pudiera razonablemente pensar que dicho importe era la total deuda que mantenía con la actora. Es por ello que, en aplicación de la doctrina de los actos propios, cuyo fundamento ultimo se encuentra en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( STS 7 de diciembre de 2010 ), tan solo procede estimar parcialmente el recurso presentado y fijar en 837,28 euros la cantidad a pagar por el demandado apelado pues entre la conducta anterior de la actora recurrente y la pretensión actual existe una incompatibilidad que tan solo a ella debe perjudicar.