Transporte Aéreo
Transporte Aéreo

Jurisprudencia

1.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el pasado 19 de noviembre de 2009, dictó una sentencia ante los casos C-402/07 y C-432/07, mediante la cual se puede invocar el derecho a ser compensado económicamente de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento 261/2004, cuando el retraso es superior a tres horas y no medie circunstancia extraordinaria justificada.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0402:ES:NOT

2.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, confirmó mediante sentencia de fecha de 6 de mayo de 2010 que el límite absoluto para la indemnización por causa de daños, retraso o perdida de equipaje establecido en el Convenio de Montreal, comprende el límite máximo, actualmente 1.131 DEG, tanto para daños materiales como morales.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0063:ES:HTML

3.- El Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Bilbao admite la demanda de reclamación de cantidad como indemnización por los perjuicios ocasionados por la cancelación de un billete de avión contratado, en virtud de la inclusión de una cláusula de cancelación automática del vuelo de vuelta si no se usa la ida. Para el juzgado carece de justificación razonable, considerando la misma nula de pleno derecho.

Antecedentes de hecho

Higinio interpuso demanda de juicio verbal frente a LA SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN ESPAÑA, en reclamación de la cantidad de 577,28 euros por los perjuicios ocasionados por la cancelación del billete París-Bilbao, que había concertado con dicha compañía para el día 8 de febrero de 2009, fundando su reclamación en que disponía de un billete electrónico que no pudo utilizar a la ida, Bilbao-París, por un compromiso laboral, siendo cancelada la vuelta por no haberse utilizado la ida, lo que le obligó a adquirir otro billete por un importe de 577,28 euros que ahora reclama.

LA SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN ESPAÑA opone que el billete de vuelta París-Bilbao se había cancelado por no haberse utilizado el vuelo de ida, Bilbao- París, lo que aparece expresamente previsto en la web Rumbo, en la que se adquieren los billetes, en el correo electrónico remitido, de modo que es una cláusula conocida y aceptada por el comprador.

Fundamentos de derecho

La esencia del litigio se centra en la validez de la cláusula contenida en las condiciones generales que fueron comunicadas al comprador, que pudo conocerlas pues se indican de modo expreso y además son resaltadas al remitirse el correo electrónico con los datos del itinerario. El comprador del billete, aunque sea una tarifa con restricciones, tiene indudablemente derecho a no viajar.

Sin embargo puede cuestionarse la práctica de que, a cambio de un precio inferior, se obligue a utilizar la ida si se quiere usar el vuelo de regreso. Porque si la tarifa que se ofrece al comprador es más ventajosa, de no usarse el vuelo de ida sería más razonable la pérdida del descuento, en lugar de la imposibilidad de usar el trayecto de vuelta. Esa consecuencia, que se anuda a la falta de utilización del viaje de ida, es desproporcionada y además carece de justificación plausible.

En cambio sí debe valorar esta sentencia si el justo equilibrio de las prestaciones que debiera caracterizar todo contrato oneroso se atiende o no. A ello autorizaba el art. 10 bis de la hoy refundida Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, vigente al tiempo de producirse la contratación, que consideraba "cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y  obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la presente Ley". También el art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE establece que "Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato".

Sin embargo la inclusión de una cláusula de cancelación automática del vuelo si no se usa la ida carece de justificación razonable. Puede tenerla que la bonificación o  descuento se pierda. Pero no que, como es el caso, se niegue absolutamente la  prestación contractual pactada, pues ello supone que la parte contractualmente más débil sufre perjuicios intolerables

4.- La Audiencia Provincial de Barcelona confirma la responsabilidad por incumplimiento contractual en el viaje combinado concertado como consecuencia del retraso de un vuelo con motivo de una avería, sin que se pueda alegar fuerza mayor, condenando a indemnizar por el lucro cesante al haber perdido un día en el lugar de destino por ese retraso.

Antecedentes de hecho

Ejercita la actora acción de reclamación de 200Eur. (el 10% del viaje) por cada uno de los actores por la pérdida de un día completo y efectivo de estancia en el destino vacacional (Costa Rica) y 300Eur. por persona por daños morales por la pérdida del enlace, carreras por el aeropuerto, espera por reclamación de devolución de equipajes en el aeropuerto más de seis horas, traslados suplementarios y hacer y deshacer el equipaje para pernoctar.

Por la parte demandada se presenta oposición alegando existencia de fuerza mayor y falta de acreditación de la existencia de los daños reclamados.

Fundamentos de derecho

El artículo 11 LVC establece que los organizadores y detallistas "responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respecto de la gestión de viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato". Esta previsión se ha aplicado de forma casi unánime, con apoyo en la conocida STS de 23 de julio de 2001.

Los motivos acaecidos en el supuesto enjuiciado constituyen incidencias habituales y previsibles para evitarlas, así es previsible un retraso en los aviones, la pérdida de enlaces de los mismos, las esperas por recogida de maletas en los aeropuertos, entre otros.

No ha probado la recurrente que estos acontecimientos excedieran de sus funciones de organización o de ejecución del viaje lo que haría aplicable la exención de responsabilidad, pues a pesar de las diferentes opciones ofrecidas por la demandada (ahora recurrente) a sus clientes respecto a los destinos, itinerarios, precios, hoteles, días y transportes incluyendo en el mismo diferentes compañías, una vez elegido es la agencia la encargada de organizar el viaje.

5.- La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, condenando al mayorista por el daño moral causado a la parte recurrente como consecuencia de la pérdida del equipaje en el viaje combinado contratado con la misma.

Antecedentes de hecho

Demanda presentada por la representación de D. Pablo Jesús y Dª Soledad contra la mercantil "SOLTOUR, S.A.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se condenase a la demandada a:

a) Que reembolse a los demandantes el importe total derivado de los gastos ocasionados por adquisición de artículos imprescindibles y transporte, por importe total de CIENTO CUARENTA YUNO COMA TREINTA Y SEIS Euros (141,36 €-).

b) Que reembolse a los demandantes el importe total derivado de los gastos ocasionados por llamadas telefónicas efectuadas desde su móvil particular por importe de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS (139,00 €).

c) Que pague en concepto de DAÑOS MORALES ocasionados a los demandantes la cantidad, que prudencialmente se ha cuantificado por esta parte DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400 €-), o subsidiariamente la cantidad que prudencialmente estime Su Señoría, conforme a las circunstancias del caso en concepto de daños morales.

d) Todo ello, con expresa condena en costas a la demandada.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 16 de junio de 2008, por la que se estimó parcialmente la demanda condenando a la demandada a indemnizar a los demandantes con la cantidad de 320,18 euros.

La representación de la parte actora se interpuso recurso de apelación al que se opuso la demandada.

Fundamentos de derecho

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda y condena a la demandada a pagar a los demandantes una indemnización de 320,18 euros (141,36 euros en concepto de gastos de adquisición de artículos imprescindibles y transporte; 92,40 euros por gastos en llamadas; y 86,42 euros, se entiende que en concepto de daño moral).

El convenio de Montreal en su artículo 19 declara la responsabilidad del transportista por el daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga, salvo si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas.

Dicha responsabilidad se limitaba en el artículo 22.2 para el caso de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje a 1.000 derechos especiales de giro (actualmente 1.131 DGE) por pasajero, límite que comprende todos los daños que pueda haber sufrido el perjudicado sin distinción alguna y, en consecuencia dicho límite comprende tanto los daños materiales como los morales.

No cabe duda de la posibilidad de indemnizar los daños morales y así lo tiene establecido el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones (sentencias de 22 de mayo de 1995, 19 de octubre de 1996, 12 de julio de 1999 y 27 de septiembre de 1999), consistiendo la situación básica del daño moral indemnizable en un sufrimiento o padecimiento psíquico, comprendiendo situaciones tales como la impotencia, zozobra, ansiedad, angustia, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre.

El propio Tribunal Supremo ha admitido en su conocida sentencia de 31 de mayo de 2000, que tal doctrina es aplicable a la aflicción producida por un retraso en un transporte aéreo, concretamente a la demora en la salida de un viaje, que entendemos igualmente aplicable al retraso en la entrega del equipaje, si bien no debe confundirse el daño moral con situaciones de mera molestia, aburrimiento, enojo o enfado que suelen originarse como consecuencia de un retraso, siendo indemnizables aquellas situaciones en que se produce una aflicción o perturbación de alguna entidad, como consecuencia de las horas de tensión, incomodidad y molestia producidas por una demora importante, que carece de justificación alguna, criterio seguido, entre otras, por las sentencias de la audiencia Provincial de Pontevedra (sección 6ª) de 25 de abril de 2003 y de Barcelona (sección 17º) de 25 de febrero de 2004.

En el supuesto de autos, concurren los requisitos antes enunciados para apreciar la existencia de un daño moral, en tanto que la demora en la entrega del equipaje es sustancial, cinco días cuando el viaje tenía una duración de nueve días, siendo dicho retraso susceptible de generar un padecimiento psíquico a los actores, por la propia tensión, fácilmente imaginable, sufrida en el mismo aeropuerto y con posterioridad a lo largo de cinco días sin que apareciera su maleta, con la angustia que genera la posibilidad de perder los objetos transportados y la notable incomodidad de tener que estar pendiente de su recuperación.

En todo caso, en realidad no se discute la existencia del daño moral, dado que la sentencia concede una indemnización de 86,42 euros por este concepto sin que haya sido apelada por la parte demandada, sino que la discusión se limita a su cuantificación, pretendiendo los demandantes una indemnización por este concepto de 2.400 euros.

El tribunal considera que la indemnización fijada por la sentencia, 43,21 euros para cada uno de los demandantes, no es suficiente para indemnizar el daño moral padecido por los actores como consecuencia del retraso en la entrega de la maleta estimando más acorde al daño moral sufrido la suma de 200 euros para cada uno de los actores, pues a ambos afectó el retraso, teniendo en cuenta que la demora sólo afectó a una de las maletas, siendo puntualmente entregada la otra con la que viajaban y que no consta que dejaran de efectuar excursión alguna. Tampoco parece que en un centro internacional de turismo como es la localidad de Cancún pueda existir dificultad alguna para comprar ropa y calzado como los adquiridos por los demandantes (chanclas, pantalón corto, bañadores, sombrero de paja, pareo.). En todo caso, resulta manifiestamente excesiva la indemnización solicitada por la parte actora hasta el punto de exceder de los límites antes señalados, sin que se pueda exacerbar el padecimiento psíquico derivado del retraso en la entrega de parte del equipaje hasta convertirse en fuente de un lucro desmedido que supera el coste del viaje, alojamiento y demás prestaciones convenidas que ascendió a 2.385,92 euros.

6- La sentencia de 16 de mayo de 2003 de la Audiencia Provincial de Baleares, Sec. 3ª.nº 285/2003, rec. 191/2003, declara nula por abusiva una clausula que exonera de responsabilidad a la compañía aérea en caso de retraso. La Sala considera que el horario es una parte esencial del contrato y no puede ser modificada por voluntad de una de las partes. Por su parte, el Convenio de Varsovia, respaldado por múltiples sentencias, establece que existe responsabilidad de la compañía en caso de retraso salvo que ésta pueda probar que se adoptaron las medidas necesarias para evitar el daño.

Este mismo tribunal en su sentencia de 18 de febrero de 1998 ya declaró la nulidad de una cláusula idéntica a la de autos, con base en una serie de argumentos que a continuación se reproducen: 

"El contrato de transporte obliga al transportista no sólo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (artículo 1.258 del Código Civil), siendo el cumplimiento de los horarios previstos una obligación esencial expresamente contratada que no puede eludir, salvo casos de fuerza mayor, a su libre voluntad, puesto que el viajero contrata con la compañía, entre otras razones, confiado en su cumplimiento, por mucho que en la indicada cláusula se diga que no forma parte del contrato y que no asume la responsabilidad de garantizar los enlaces, ya que ello supone dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio del transportista que veda el artículo 1.256 del Código Civil". 

La indicada sentencia se basaba, además, en el artículo 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y argumentaba que dicho precepto regula las condiciones  Generales exigiendo, entre otros requisitos, que se ajusten a la buena fe y al justo equilibrio de las prestaciones a fin de que el contenido obligacional de los contratos suscritos por los consumidores no supongan para éstos una posición inequitativa en la que el equilibrio contractual esté roto dada la desigual posición de poder de los contratantes, declarando expresamente que serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones o estipulaciones que incumplan los anteriores requisitos; y, por ello, debe mantenerse la nulidad de la cláusula cuestionada por faltar al justo equilibrio de las prestaciones en cuanto el pasajero se ve obligado a pagar el importe anticipado del transporte y el transportista declina toda responsabilidad de su exacto cumplimiento. Se desestima el motivo.". 

A las anteriores consideraciones deberá añadirse que el artículo 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril de 1998 de Condiciones Generales de la Contratación establece que "en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un  consumidor,…" 

En materia de retrasos aéreos rige fundamentalmente el artículo 19 del Convenio de Varsovia de 12 de octubre de 1929 […] que establece que el transportista es responsable del daño causado por el retraso en el transporte aéreo de viajeros, equipajes o mercancías, a no ser, conforme al artículo 20 del mismo Texto Legal, que pruebe que él y sus representantes tomaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. 

Ninguno de los mencionados preceptos del Convenio de Varsovia limita la indemnización a los daños materiales, como sostiene el apelante, compartiendo la Sala el parecer del juez de primera instancia de que en el supuesto enjuiciado el resarcimiento debe cubrir también el daño moral por la aflicción o perturbación ocasionada a los actores que, tras más de cuatro horas de tensa espera, no pudieron enlazar con el otro vuelo que debía conducirles a su destino. 

En menos de un decenio la jurisprudencia ha pasado de calificar la procedencia de la indemnización por daños morales derivados de incumplimiento contractual como "dudosa" (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1986 ) a la admisión de que "tanto daños morales como daños patrimoniales pueden provenir lo mismo de la culpa contractual como de la culpa extracontractual" y de que "los daños y perjuicios, a cuya indemnización obliga todo incumplimiento contractual culpable, son no solamente los materiales o económicos, en su doble modalidad de daño emergente y lucro cesante (artículo 1106 del Código Civil EDL 1889/1 ), sino también los daños morales que directamente se deriven de aquél" (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1997 EDJ 1997/9811 ).

7- La Sentencia de 17 de marzo de 2011 del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, nº autos 33/2011, determinó que la clausula contractual en virtud de la cual Ryanair imponía a un pasajero, español menor de 14 años acompañado de sus padres en un vuelo nacional, que se identificase con el DNI o pasaporte, no admitiendo como válido el libro de familia, era nula de pleno derecho por contravenir lo dispuesto en el Plan Nacional de Seguridad Aérea.

En primer lugar, por determinar ante qué tipo de contrato de transporte  aéreo nos encontramos, si nacional, comunitario o internacional, a fin de determinar la normativa a aplicar y, muy especialmente, en materia de seguridad aérea. Lo determinante a tal efecto no es la matrícula de la aeronave, tal como parece pretender la parte demandada sino el itinerario del vuelo contratado. Así, en un caso como el que ahora nos ocupa, en que el vuelo se desarrolla íntegramente entre dos aeropuertos españoles y sin escalas en aeropuertos situados fuera del territorio nacional, debemos concluir que se trata de un vuelo nacional.

[…] En España, la Dirección General de la Aviación Civil, organismo competente en la materia y dependiente del Ministerio de Fomento, a fin de dar cumpliendo a los compromisos comunitarios antes indicados, elaboró dicho Plan Nacional de Seguridad Aérea (PNS), cuya última edición entró en vigor el 1 de enero de 2010. Según dispone su art. 4.1.2, relativo a los documentos válidos para identificar a los pasajeros, dispone que en los vuelos nacionales, los niños menores de 14 años, siempre que vayan acompañados de sus padres, no es necesario que lleven el DNI pasaporte bastando a tales efectos el certificado expedido por el Registro Civil, el Libro de familia o bien, que el menor esté incluido en el pasaporte de alguno de los progenitores con el que viaja. Cosa distinta, sería si el menor viajara solo o bien en un vuelo con destino o escala en otro país del Espacio Schengen o en un vuelo internacional, en cuyo caso, sí sería necesaria tal documentación oficial.

Llegados a este punto, cabe preguntarnos: ¿Qué papel cumplen entonces las compañías aéreas en materia de seguridad?; ¿Están legitimadas para establecer requisitos adicionales diferentes al PNS o regular la materia?

En cuanto a la primera de las preguntas, la respuesta es que las compañías de transporte aéreo se limitan a velar por el cumplimiento del PNS, de ejecutarlo exigiendo a los pasajeros en los mostradores de facturación o en las puertas de embarque que se identifiquen mediante alguno de los documentos que el PNS entienden como válidos a tal efecto a fin de verificar si la identidad de la persona que aparece en el billete o en la tarjeta de embarque coincide con la que persona que consta en el citado documento, pero nada más.

En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta no es otra que en sentido negativo,  pues el PNS no es una norma de mínimos ni de carácter dispositiva, tal como sostiene la parte demandada, sino de obligado cumplimiento para todos los operadores que intervienen en el tráfico aéreo. Por tanto, las compañías aéreas no pueden exigir a través de su normativa interna propia, ni más ni menos requisitos que los que recoge el PNS.

Síguenos en las redes
Comunidad Noclames