Telecomunicaciones
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Jurisprudencia

Algunas resoluciones judiciales interesantes sobre el tema.

1.- Sentencia de 13 de febrero de 2009 Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª.

Se trata de la primera Sentencia que condena a una operadora de telefonía al pago de daños morales.

La sentencia se produce como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por un matrimonio, dado que la sentencia de instancia estimaba las pretensiones de uno sólo de los reclamantes (las del marido pero no las de su mujer).

En resumen, el asunto se refería a que cuando el mencionado matrimonio, por motivos laborales, y también familiares, era usuario de Telefónica, el cual le proporcionaba servicios telefónicos y de ADSL, recibieron la llamada de Wanadoo (operadora en España de France Telecom) ofertándoles su servicio de ADSL; pero, sin que el matrimonio aceptara dicho contrato, Wanadoo ordenó a Telefónica que cortara su conexión de ADSL, ocupando el "bucle", Wanadoo.

El problema es que hasta que Wanadoo no liberase el bucle, Telefónica no podía volver a suministrar el servicio.

El corte del suministro duró tres meses.

La sentencia finalmente dio la razón al matrimonio, revocando la anterior sentencia, y condenando a France Telecom al pago de 6.100 euros, en concepto de daños morales.      

2.- Sentencia de la Audiencia Provincial Barcelona núm. 87/2004 (Sección 4), de 19 febrero.

La sentencia versa sobre cláusulas abusivas en un contrato de telefonía móvil. Se trata de una cláusula a tenor de la cual el cliente se obliga a que, durante los tres meses siguientes a la firma del contrato, no causará baja de ninguna otra línea que pudiera tener contratada con aquella operadora.

La compañía mercantil presentó demanda de juicio verbal contra el consumidor en reclamación de la suma de 302,88 euros más intereses y costas, por aplicación de la cláusula cuarta del contrato de asistencia integral para el servicio de comunicaciones.

El demandado se opone a la demanda arguyendo que, conforme se le indicó en la empresa, ante la sustracción de su teléfono, dio de baja la línea por fuerza mayor y contrató otra.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda argumentando, en síntesis, que la cláusula que pretende aplicar la demandante no garantiza ni la reciprocidad ni el equilibrio en las prestaciones de las partes (artículos 10.c y 10 bis de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Frente a dicha resolución, se alza la parte demandante alegando que en virtud de la cláusula referida, el demandado se comprometía a no dar de baja ninguna otra línea que pudiera tener contratada con la operadora durante los tres meses siguientes a la firma del contrato, y que, para el supuesto de que incumpliera dicha condición el propio contrato disponía en la referida cláusula penal que el demandado se obligaba a satisfacer una cantidad pecuniaria prevista en el mismo; que el demandado no respetó dicho contrato al efectuar una baja de telefonía móvil concertada con la operadora.

Cláusula abusiva, dice la resolución, es la que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares; para agregar en su Disposición Adicional Primera determinadas modificaciones a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y entre esas modificaciones, el artículo 10, añadiendo el artículo 10 bis, el que en su apartado 1 dice: se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio de consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Entiende la sala que dicho pacto cuarto carece de correlación o reciprocidad, esto es, la cláusula mentada rompe con el equilibrio de las prestaciones y la reciprocidad exigible conforme a la buena fe en cuanto perjudica de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor o usuario.

Además, la parte demandante tampoco ha acreditado que sus empleados ofrecieran otra solución al demandado ante el robo del primer móvil más que la que hizo, dar de baja la antigua línea correspondiente al teléfono móvil sustraído y contratar una nueva línea con la penalización ya referida.

La consecuencia de lo expuesto, en el presente procedimiento, es la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la sentencia apelada.

3.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 22 abril de 2008.

Esta resolución considera que la falta de envío de justificante del contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones legitima al titular de la línea o al usuario real del servicio –en este caso- para resolver el contrato de duración determinada en cualquier momento, y sin penalización.

Tras contratar telefónicamente un servicio ADSL, el prestador del servicio reclamó al usuario el pago de las cuotas correspondientes a un año, que era el plazo de permanencia según las condiciones generales del contrato.

El usuario considera que no procede la reclamación de la empresa al haber desistido del contrato, mediante el envío de un burofax.

El operador no prueba el envío de información precontractual y el justificante de la contratación realizada, según lo estipulado en el art. 3.1 RD 1906/1999, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación.

La Audiencia considera que si en caso de cumplimiento defectuoso o incompleto de la obligación de remitir justificación documental, la acción de resolución (desistimiento) caduca transcurridos tres meses computados desde que tales obligaciones queden totalmente cumplidas, en caso de incumplimiento de esta obligación, el derecho de resolución (desistimiento) no caducaría.

Esto es, el incumplimiento por el empresario de los deberes impuestos por el RD 1906/1999 (arts. 1, 2 y 3), determina que el adherente –el consumidor- pueda resolver el contrato en cualquier momento, sin que sea aplicable la penalización por incumplimiento del plazo de duración mínima, por no haber quedado incorporada al contrato al no constar su aceptación.

La Audiencia afirma que "en el supuesto de autos no se ha probado ninguna de las obligaciones establecidas en los citados artículos, de manera que la facultad de resolver el contrato en cualquier momento por parte del adherente es de todo punto aceptable".

La sentencia es importante desde el punto de vista de la salvaguarda de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones que, en multitud de casos no reciben toda la información previa a la celebración del contrato, e incluso carecen de justificante alguno de la contratación realizada bajo condiciones generales de la contratación.

Por otra parte, la sentencia analiza el supuesto habitual en el que no es el titular de la línea, sino el verdadero usuario del servicio (el hijo del titular) el que envía la solicitud de resolución a través de burofax.

La Audiencia considera irrelevante este hecho, dado que una cosa es la legitimación procesal para instar la resolución contractual, que no es el supuesto de autos, y otra la facultad extrajudicial de resolver las obligaciones a través de mandatario (arts. 1717 y ss CC), como se desprende del burofax remitido al operador.

4.- Sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 octubre 2008.

La resolución considera que el envío de facturas por la prestación de servicios de telecomunicaciones a usuarios que han desistido del contrato y la inclusión de sus datos en un registro de morosos es una infracción de la normativa de protección de datos, sin que la eventual responsabilidad del responsable del fichero de información sobre solvencia patrimonial excluya la responsabilidad del cedente.

La Audiencia confirma la sanción impuesta a un operador de telecomunicaciones por la emisión de facturas por la prestación de servicios de telecomunicaciones (servicios de acceso Indirecto y preasignación y tarifa plana ADSL de acceso a Internet) a unos usuarios que, tras solicitar telefónicamente estos servicios, no devolvieron firmada la documentación enviada por el operador y manifestaron expresamente su voluntad de desistir del contrato, en un caso por disconformidad con una de las cláusulas y en otro, por dilación en la conexión inicial.

Ninguno de los servicios llegó a activarse.

Sin perjuicio de la eventual validez civil del contrato y al margen de que los hechos puedan constituir una infracción de consumo en cuanto se facturan servicios no prestados, los hechos constituyen una infracción de la legislación de protección de datos pues conllevan un tratamiento de datos no consentido por su titular.

En uno de los casos, el usuario facilitó sus datos a efectos de la perfección del futuro contrato; en el otro, el usuario cedió sus datos, consentimiento que posteriormente revocó al desistir, con la peculiaridad de que a pesar de no haber facilitado el número de cuenta, el operador dispone del mismo.

Ante la falta de acreditación por el operador de que se ha producido la contratación telefónica al no poder probar la aceptación de las condiciones contractuales según los arts. 5.3 Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación y 5 RD 1906/1999, por el que se desarrolla el precepto legal, se considera que existe un tratamiento de datos no consentido por el titular en contra del art. 6.1 de la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Audiencia constata que no se cumplieron las formalidades exigibles y por ello, no es posible considerar acreditada la prestación del consentimiento que autorizaría el tratamiento de los datos, por lo que debe entenderse que éste se ha realizado sin prestar el debido consentimiento.

En idénticos términos y respecto al mismo operador se pronuncian las Sentencias AN de 9 abril 2008; de 19 diciembre 2007; de 28 noviembre 2007; de 3 julio 2007; de 13 junio 2007  y de 14 marzo 2007.

En algunos de estos supuestos conocidos por la AN (por ejemplo en la Sentencia de 28 noviembre 2007), existía una grabación de la conversación telefónica mantenida entre el comercial del operador y el usuario, quien facilitaba sus datos personales no a fin de darse de alta directamente en el servicio, sino de recibir la documentación del contrato que remitiría al operador tras su firma, firma que no llegó a producirse, por lo que el envío de facturas y subsiguiente cesión a una empresa de información sobre solvencia patrimonial conlleva un tratamiento de datos no consentido.

5.- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo núm. 1 Oviedo, de 14 noviembre de 2007.

La sentencia resuelve el recurso interpuesto por el operador de telecomunicaciones contra la sanción impuesta por el órgano autonómico competente en materia de consumo, por incumplimiento de la normativa sobre documentación del contrato (art. 37.e) de la ley asturiana 11/2002, de 2 de diciembre, de Consumidores y Usuarios.

Los consumidores denunciaban el alta no consentida en alguno de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por el operador.

Los hechos se califican como infracción administrativa de consumo pero no por constituir en sí mismos una conducta fraudulenta o abusiva, en cuanto se imponen servicios no solicitados, sino por incumplimiento de los deberes de envío del justificante del contrato (art. 3.1 RD 1906/1999, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998 y art. 37.e) de la ley asturiana 11/2002, que califica como infracción "el incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la empresa, instalación o servicio o como garantía para la protección del consumidor y usuario".

La normativa sectorial contempla expresamente estas prácticas.

Así, la Orden ITC/1030/2007, por la que se regula el procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores, prevé supuestos como el mencionado, de modo que en caso de reclamación del usuario que sufre un alta fraudulenta (alta no consentida, preselección fraudulenta, slamming o portabilidad no autorizada), corresponderá al operador demostrar que el usuario se ha dado de alta (art. 7.1). Si no puede hacerlo, el operador deberá tramitar la baja inmediata, anular las facturas que haya emitido y devolver el dinero que el usuario le haya abonado, así como todos los gastos que deba afrontar el usuario para volver con su operador de origen (como las cláusulas de penalización por baja anticipada facturadas por antiguo operador, nueva cuota de alta o de restablecimiento del servicio…), art. 9.2,a).

El alta no consentida constituye una infracción de la normativa sectorial de telecomunicaciones [arts. 53.l) y 54.o) Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones en redacción dada por la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información)] y por ello, la competencia sancionadora se atribuye a la Administración sectorial [art. 58 c) LGT, disposición adicional 2ª de la Ley 44/2006 y art. 47.3 TRLGDCU].

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