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Jurisprudencia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALICANTE.

Sentencia Nº 505/08 de diecinueve de mayo de dos mil ocho

Según este juzgado, procede la aplicación la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

Ante la urgente necesidad de 6.000 euros la demandante acude al demandado y materializan una operación de préstamo con garantía hipotecaria por la que a fecha 12 de marzo de 2007 ha de devolver la cantidad de 14.171 euros si bien el pago efectivo que realiza a fecha 30 de marzo de 2007 es la de 14.805 euros. Si tenemos en cuenta que existen unos gastos de 734 euros el beneficio recibido por el demandado por el préstamo de 6.000 euros es el de 8.071 euros lo que supone un 120% de la cantidad prestada y ya se disfrace de la forma que el demandado quiera nos parece excesivo por lo que hemos de acudir a la Ley de 23 de julio de 1908 a los efectos de determinar si la operación que examinamos tiene su encaje dentro de la misma. Para ello, y atendiendo a los requisitos interpretativos de la jurisprudencia examinamos si se dan los supuestos para caracterizarlo como tal:

1º.- Interés notoriamente superior al normal. Los intereses a la época en que se conciertan el préstamo están bajos y sin embargo el demandado fija, sólo de intereses por seis meses para 6.734 euros 1.044 euros, lo que supone un interés del 33,62 % muy lejano del que dice aplicar del 10,5%.

2º.- El hecho de entregarse menor cantidad de la que se ha recibido. El documento que materializa el préstamo es la escritura de 14 de septiembre de 2006 y en ella se refleja se realiza un préstamo de 14.171 euros y se libran dos letras de 985 y 13.186 euros para su devolución.

3º.- Reducido plazo para devolver el dinero. La operación se concierta a seis meses, lo cual hace suponer al prestador que si tiene que acudir a él por necesitar 6.000 euros sería difícil a los seis meses contar con 14.171, sin perjuicio de lo previsto para gestación de nuevos intereses en el caso del más mínimo retraso.

4º.- Carencia de riesgo para el prestatario. Evidentemente tal como se materializa la operación para el demandado no existía riesgo alguno pues para garantizar 6.000 euros se asegura hipoteca sobre un inmueble situado en un lugar privilegiado y que aun contando con una sentencia anterior garantizaba sobradamente el impago del préstamo.

5º.- La situación de necesidad de la demandante. Cuando la misma acude a la oficina del demandado lo hace acuciada por la necesidad de 6.000 euros y firma lo que le ponen. No podemos entender, a la vista de lo firmado que su consentimiento no estuviera viciado y buena prueba de ello es el documento nº 7 de la demanda en la que el demandado le hace firmar que ha entendido toda la información que le han facilitado. Después acuden a la notaria para firmar ante notario con la finalidad de dar legalidad al contrato privado firmado más en el presente caso dicha escritura pública no tiene el valor que le confiere el nº 1 del art. 319 de la L.E.C. ya que aplicando el nº 3 del expresado artículo entendemos que nos encontramos ante un contrato usurario.

http://www.poderjudicial.es

Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, de 22/04/2015 Sentencia Nº: 265/2015,  Nº Recurso: 2351/2012

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el carácter abusivo de los intereses de demora en los contratos de préstamo sin garantía hipotecaria celebrados con consumidores.

La sentencia, que desestima sustancialmente los recursos de la entidad bancaria prestamista, resuelve con base en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y declara que en los préstamos personales sin garantía hipotecaria concertados por consumidores es abusiva la condición general que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio.

La consecuencia de esta declaración de abusividad consiste en que el préstamo devengará exclusivamente el interés remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo.

En la misma sentencia declara que en los contratos bancarios concertados con consumidores, se presume que las cláusulas constituyen condiciones generales de la contratación, susceptibles de control de abusividad, salvo que se pruebe cumplidamente la existencia de negociación y las contrapartidas que en ella obtuvo el consumidor.

Por último, considera que la abusividad de una cláusula no negociada individualmente en un contrato celebrado con consumidores es apreciable de oficio cuando se resuelve un recurso de apelación, y que las consecuencias de la nulidad provocada por el carácter abusivo de la cláusula, en los términos que se derivan de la jurisprudencia comunitaria y nacional, han de ser aplicadas de oficio por los tribunales.

Audiencia Provincial de Barcelona Sección Primera, de 25 de febrero de 2013. Procedimiento Verbal nº 826/2010. Nº de Resolución: 89/2013

La sentencia apelada reprocha correctamente a la entidad financiera que no ofreciera una explicación convincente del porque en vía extrajudicial había reclamado al deudor demandado cantidades muy inferiores (en la última carta cursada el 5 de febrero de 2009 fueron 837,28 euros) a las que resultaban del propio listado de movimientos que acompañó en el acto del juicio o la que luego de se reclama judicialmente por importe de 4.075,26 euros.

La recurrente pretende justificar esta contradicción en que las cartas hacían referencia tan solo al principal pendiente de pago y que, una vez finalizadas las gestiones extrajudiciales para el cobro de la deuda, resolvió anticipadamente el contrato y pasó judicialmente a reclamarse toda la cantidad adeudada la cual incluía ya los intereses moratorios y comisiones devengadas. Sin embargo dicha explicación, aunque plausible, no consta debidamente acreditada al no haberse acompañado ninguna documental acreditativa de que la reclamación extrajudicial se ceñía solo al capital pendiente de amortización. Es más, en las referidas cartas se dice simplemente que "su deuda asciende a 837,28 euros" sin más precisión o apostilla que permitiera pensar que dicha cantidad no fuera la total deuda pendiente, de ahí que el deudor demandado pudiera razonablemente pensar que dicho importe era la total deuda que mantenía con la actora. Es por ello que, en aplicación de la doctrina de los actos propios, cuyo fundamento ultimo se encuentra en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( STS 7 de diciembre de 2010 ), tan solo procede estimar parcialmente el recurso presentado y fijar en 837,28 euros la cantidad a pagar por el demandado apelado pues entre la conducta anterior de la actora recurrente y la pretensión actual existe una incompatibilidad que tan solo a ella debe perjudicar

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