Seguros
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Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Supremo (nº 997/2002, rec. 1177/1997) de 23 de octubre de 2002 sobre clausulas limitativas. La clausula en cuestión  no es de aplicación ya que exige aceptación expresa y ésta no existió.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda que creó el pleito el asegurado solicitó de la Aseguradora recurrente el pago de la indemnización por razón a los daños que afectaron al vehículo asegurado, cabeza tractora matrícula XXX, por consecuencia del accidente de circulación ocurrido el día 21 de junio de 1995, vigente la póliza contratada que lleva fecha 30 de diciembre de 1993, en la modalidad de multirriesgo. Los referidos daños los fijó la sentencia recurrida en la cantidad de 7.077.036 pesetas, correspondientes a la reparación del vehículo siniestrado.

El único motivo del recurso alega infracción del artículo 26, en relación al 1  y 31 de la Ley de Contrato de Seguro. La tesis de la compañía que recurre consiste en que la cantidad reparadora concedida supone enriquecimiento injusto para el asegurado, lo que no autoriza el referido artículo 26 aportado como infringido, toda vez que se viene a indemnizar con un valor superior a la cosa asegurada, ya que no se tuvo en cuenta el valor venal del vehículo siniestrado para fijar la indemnización correspondiente. En este sentido la cláusula 2.1.5 de las Condiciones Generales establece que las reparaciones se tasarán con arreglo al valor real de las mismas, y sin que dicha tasación pueda en ningún momento ser superior al valor venal del vehículo.

El Tribunal de Instancia con acierto, por resultar lo acomodado a la legalidad y doctrina jurisprudencial, declaró que la referida cláusula tenía carácter lesivo para el asegurado, ya que no había sido aceptada expresamente. Esto es así porque falta segunda firma en las Condiciones Generales (Sentencia 29-4-1991) y tampoco se probó hubiera mediado la correspondiente actividad prenegocial entre las partes, determinante de su redacción e incorporación al contrato de seguro, lo que acentúa su unilateralidad y generalidad, en cuanto se aplicaba a todas las pólizas similares.

La referida cláusula y teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro actúa restringiendo intensamente los derechos del asegurado, pues partiendo de la primera estipulación acomodada a la naturaleza y finalidad propia del seguro concertado, en cuanto prevé que las reparaciones se tasarán con arreglo al valor real, se desvía para introducir o más bien "colar" la limitación del valor venal como tope máximo de la indemnización. De este modo se contradice lo que conforma la propia cobertura del contrato, que no es otra que la restitución económica correspondiente a los daños reales que pudieran afectar al vehículo asegurado como consecuencia de accidente de circulación.

La jurisprudencia de esta Sala tiene declarado que ha de distinguirse entre las cláusulas destinadas a delimitar y concretar el riesgo, de aquellas que restringen -y con ello cercenan- los derechos del asegurado, con lo que la exigencia que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro no se refiere a cualquier condición general del seguro o a sus cláusulas excluyentes de responsabilidad para la aseguradora, sino en concreto a aquellas cláusulas que son limitativas de los derechos del asegurado y tal exigencia -de la aceptación expresa mediante suscripción- no alcanza a las cláusulas que actúan definiendo y delimitando la cobertura del riesgo (Sentencias de 29-1-1996  y 17-4-2001, que citan las 9-11-1990, 16-10-1992, 9-2-1994  y 18-9-1999). Las sentencias de 16 de mayo y 16 de octubre de 2000 resultan precisas al declarar que la cláusula limitativa opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez se ha producido el riesgo, lo que no sucede con la cláusula de su exclusión, al especificar qué clases de riesgos se han constituido en objeto del contrato, y por ello los que no resultan cubiertos.

No se ha producido las infracciones de normas que se integran en el motivo, pues el artículo primero de la Ley de Contrato de Seguro resulta definidor del contrato y obliga a indemnizar el daño causado, en el caso de que se realice el riesgo que es objeto de cobertura, lo que aquí ocurre, dadas las características del seguro contratado y resultar aceptado el accidente que tuvo el vehículo del demandante cubierto por la póliza, sin que proceda, conforme a lo que se deja expuesto, la limitación cuantitativa que la recurrente trata de imponer en base al valor venal. El asegurado en estos casos lleva a cabo la formalización de la póliza en la búsqueda de amparar y protegerse ante una situación de riesgo que se pacta y, al producirse, trata de obtener el reintegro del coste real de la reparación, el que en el supuesto que nos ocupa no se presenta excesivamente desproporcionado.
[…]
Aquí no se da el supuesto, que el precepto no autoriza, de que la indemnización a abonar por la Aseguradora recurrente supere el valor del daño causado (Sentencia de 1-12-1989), actuando sólo como límite máximo el daño efectivamente que afecte a las cosas aseguradas al tiempo del siniestro. El Tribunal de Instancia llevó a cabo aplicación correcta del referido artículo 26, al atender al valor final que fija prudencial y equitativamente, es decir, al valor del interés inmediatamente anterior al accidente (Sentencia de 11 de febrero de 2002).

 

Sentencia de la AP Jaén de 22 de diciembre de 2005 (nº 278/2005, rec. 51/2005). La delimitación del riesgo, dentro del contrato, ha de reunir las prescripciones y requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro: se destacarán de forma especial y deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Contra la sentencia dictada en la instancia por la cual se estima parcialmente la demanda planteada, se alza la parte actora, reproduciendo las alegaciones vertidas en la instancia y alegando como motivos de impugnación infracción de la doctrina y jurisprudencia abrumadora al respecto, por entender que aunque tuviera en su poder las condiciones generales de la póliza concertada, su aplicación supone infracción del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro  ya que dichas condiciones generales no están firmadas por el asegurado ni están especialmente destacadas las cláusulas relativas a la aplicación del baremo de tantos por ciento, ya que dicha cláusula que introduce restricciones respecto de la suma a pagar cuando se produce por un baremo, ha de considerarse limitativa de derechos, por lo que en definitiva interesaba la revocación de la sentencia recurrida y se dicte otra por la que se estime íntegramente la demanda formulada, lo que deberá prosperar ya que ciertamente en relación con la cuantía de la indemnización, pues el siniestro en cualquier caso no se rechaza y ejercitando por el actor una acción de reclamación de cantidad exigiendo el cumplimiento de una póliza de seguro de decesos que incluye el aseguramiento también por accidentes concertada con la entidad de seguros demandada, al haberse producido del riesgo asegurado, concretamente la situación de invalidez permanente en caso de accidente, estableciéndose al respecto en las condiciones particulares y en el apartado de "Garantías y coberturas para todos los asegurados" se destaca "Accidente... INV. PTE... 1.000.000", la cuestión debatida es la relativa a si es aplicable o no las condiciones generales y concretamente la que delimita y define el riesgo y la cobertura en el caso de invalidez permanente, en la que se reduce al 10% de la cantidad pactada en las condiciones particulares, y en este sentido entendemos que no debe ser aplicada, pues aún cuando el actor tuviera dichas condiciones generales, existiendo al respecto únicamente que el tomador al recibir las condiciones particulares firmó haber recibido las condiciones generales, lo cierto es que la reducción contenida en la cláusula de las condiciones generales, supone una cláusula limitativa de derechos no aceptada expresamente y por tanto inaplicable en base a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro .
[…]
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado hacia una línea superadora de esa distinción, por cuanto exige que también la delimitación del riesgo ha de reunir las prescripciones y requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, pues sería incomprensible que se requiriese más garantías para la aceptación de cláusulas limitativas que para la propia definición del riesgo que se realiza (recientemente por medio de cláusulas de exclusión (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997 entre otras).

En todo caso, se trata de que el que se adhiera al contrato de seguro conozca las cláusulas que no ha tenido ocasión de negociar individualmente, y eso sólo se logra mediante la redacción, clara y precisa y la aceptación específica que requiere el citado artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, resultando ineludible, de esta manera, la suscripción y aceptación expresa de situaciones limitativas de la cobertura, como las cláusulas delimitadoras del riesgo, dado el carácter imperativo de la Ley y ello determina su valor normativo y condición vinculante para el asegurado, lo que conduce a admitir que las mismas únicamente tiene valor y obligan a quien las suscribe si de forma taxativa y determinante, sin resquicios de posible duda, las ha convenido debidamente y las aceptó de forma expresa. Por tanto, las limitaciones de la cobertura, y entre ellas la determinación de los porcentajes a aplicar para supuestos grados o clases de secuelas incluibles dentro del concepto de invalidez, deben ser expresamente aceptados, de tal modo que permita al contratante conocerlos, lo que en efecto no concurre en el caso que nos ocupa (Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1992, 16 de mayo de 2000 y 16 de octubre de 2000 entre otras muchas).

Por otra parte, ha de precisarse, que según reiteradamente se ha establecido por esta Audiencia, Sentencias de 9 de febrero de 1994, 18 de septiembre de 1999, 18 de octubre de 2000, 17 de abril de 20001y 23 de octubre de 2003, son cláusulas limitativas aquellas que operan para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido, siendo estas cláusulas las que han de ser expresamente aceptadas. Por el contrario la cláusula de delimitación del riesgo es la que especifica la clase de riesgos que se han constituido en objeto del contrato, y no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro porque en tales supuestos el derecho del asegurado no ha llegado a nacer y por tanto no se priva al mismo de ningún derecho que tuviera por Ley.

Así pues, es evidente que en el supuesto que nos ocupa, la cláusula en cuestión es limitativa de derechos, pues lo que hace es reducir a un 10% lo que se refleja en las condiciones particulares en relación a la invalidez permanente asegurada, y no apareciendo las condiciones generales suscritas por el asegurado ni destacado el citado baremo contenido en su clausulado, no cabe más que concluir que dicho baremo resulta inaplicable.

Por lo expuesto, procede, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar parcialmente la sentencia recurrida en el sentido de estimar íntegramente la demanda y condenar a la entidad aseguradora demandada a que abone al actor la cantidad de 6.010'12 euros e intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, con imposición de las costas procesales causadas en la instancia a la demandada, conforme a lo preceptuado en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Sentencia de la AP Murcia de 27 de marzo de 2012 (nº 133/2012, rec. 133/2012). Si el valor de la reparación es antieconómico, pero a la hora de fijar la indemnización ha de estarse al valor de mercado del vehículo, pero incrementándolo en un determinado porcentaje por el valor de afección, que en este caso, atendida a la antigüedad del turismo y a su buen estado de conservación, procede fijar en un 50%.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto de controversia sometido a decisión de esta Sala, la determinación del importe a abonar al perjudicado que ha reparado su vehículo, resultando ser el importe abonado muy superior al valor de mercado, habiendo en este supuesto la juzgadora de instancia otorgado dicho valor de mercado, y por el contrario solicitándose por el actor- ahora recurrente- el importe íntegro de la reparación satisfecha.

SEGUNDO.-.- Dicha cuestión ha sido objeto de reciente pronunciamiento, con cita de jurisprudencia invocada en la misma sentencia recurrida- si bien, y de conformidad con la misma procederá la estimación parcial del recurso -, resolviendo esta Sección en sentencia de 8 de febrero de 2011, que por su claridad, y aplicabilidad a este supuesto, siendo coincidente asimismo la Cía aseguradora, procede reflejar en su casi totalidad, disponiendo la misma que " en orden a la resolución de la cuestión que aquí se plantea, se ha de indicar que los criterios indemnizatorios en el ámbito de esta Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia se resumen en la sentencia de fecha 20 de marzo de 2007, señalando que, como regla general, en el caso de que se haya llevado y así se acredite una efectiva reparación del vehículo dañado, la indemnización abarcará al total del importe de la reparación en aras a la efectiva restitución íntegra del perjudicado, pero que, no obstante, esta regla general está matizada en aquellos casos en los que el valor de reparación es superior al valor venal del turismo, supuestos en los que se atiende a la diferencia económica, de tal manera que en aquellos casos en los que la reparación puede considerarse como adecuada en atención a la escasa diferencia económica en relación al valor venal, se indemniza sobre el total de la reparación; sin embargo, en aquellos otros casos en los que la reparación efectuada puede considerarse antieconómica, bien por ser excesiva la diferencia de valoración, o bien por incluir piezas nuevas que suponen una evidente mejoría del vehículo dañado, el criterio pasa por indemnizar el valor venal e incrementar el mismo en diversos porcentajes en atención al valor de afección y a los propios perjuicios que la pérdida ha ocasionado al propietario, intentando conjugar el derecho de éste de ser indemnizado íntegramente en los daños sufridos y el rechazo del enriquecimiento injusto que en determinadas ocasiones supone una reparación antieconómica por excesiva.

Sentado lo anterior, lo primero que se ha de precisar es que en el informe pericial aportado por la compañía aseguradora demandada hace una distinción, que el perito autor del informe reitera en el juicio y que asume el Juez de instancia en su sentencia, que en este caso no resulta admisible, como es la de considerar distintos el valor venal del vehículo siniestrado, que lo cifra en 1.028 euros, y su valor de mercado, el ya referido de 1.700 euros. Y es que, en efecto, aquel valor venal es un valor "tarificado", mientras que el valor de mercado va referido al coche concreto, con su antigüedad y características determinadas. El valor venal se identifica normalmente con el valor de venta del bien en el mercado. Son habituales las cláusulas en las pólizas de seguro, también de la compañía, que identifican el valor venal con el valor de mercado, definiéndolo como precio por el que normalmente puede adquirirse un vehículo de características, uso, estado y antigüedad similares al vehículo asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro (v. STS de 1 de julio de 2010 -num. 401/2010, rec. 1762/2006). Lo apropiado es, pues, considerar la referida cantidad de 1.700 euros como valor venal o de mercado del turismo siniestrado.

Y, examinado el presente caso desde la perspectiva expuesta, nos encontramos con que el vehículo del ahora apelante, aunque siendo bueno el estado de su pintura, carrocería, neumáticos, mecánica e interior -así se indica en el referido informe pericial-, matriculado el 1 de septiembre de 1991, en la fecha del accidente, 4 de mayo de 2008, tenía una antigüedad de más de dieciséis años y había recorrido 451.236 kilómetros -así consta también en el susodicho informe-, y, mientras que su valor venal o de mercado es de 1.700 euros el importe de su reparación asciende a la indicada cantidad de 7.681,79 euros, cuatro veces y medio superior a aquel valor. En estas circunstancias la reparación es evidentemente antieconómica y desproporcionada, pues no tiene sentido, desde un punto de vista objetivo, llevar a cabo una reparación tan costosa en un vehículo tan antiguo y con aquel kilometraje, por lo que nos encontramos dentro de la excepción al criterio general a la que anteriormente se ha hecho referencia. No cabe duda que desde un punto de vista subjetivo del propietario pueden concurrir otras circunstancias que, para él, justifiquen la reparación a pesar de su alto coste, pero precisamente dichas circunstancias subjetivas, o valor de afección, son las que justifican el incremento del valor venal que se suele realizar en estos casos, pues con ello se pretende equilibrar las posiciones de ambas partes y obtener una justa indemnización que suponga la reparación del daño realmente causado desde un punto de vista objetivo.

Por consiguiente, como hace la resolución apelada, ha de estarse al valor de mercado del vehículo, pero, y en esto asiste la razón al apelante, incrementándolo en un determinado porcentaje por el valor de afección, que en este caso, atendida a la antigüedad del turismo y a su buen estado de conservación, procede fijar en un 50 %. De este modo, la indemnización por principal ha de quedar fijada en la cantidad de 2.550 euros".

Procederá, por lo tanto de conformidad con la doctrina expuesta fijar un porcentaje, que se incrementará sobre el valor de mercado cifrado en 1840 euros.

En este caso el vehículo contaba con 10 años de antigüedad- 16 años en el supuesto de la sentencia señalada-, y con 162.886 Kms - 451.236 Kms en el de referencia-, por lo que aplicando el criterio consistente en que el porcentaje debe ser menor, en el supuesto de vehículos de menor antigüedad, dado el mayor valor de mercado de vehículos más modernos, como el que resulta ser objeto de las presentes actuaciones, y observando que en aquel supuesto el porcentaje se estableció en un 50%, en el actual procede fijarlo en un 40%, resultando un total de 2576 euros, manteniendo el pronunciamiento referido a la aplicación de los intereses comprendidos en el art. 20 LCSeguro, expresados en la sentencia de instancia.

 

Sentencia de la AP Zaragoza de día 12 de junio de 2003 (nº 369/2003, rec. 173/2003). En el derecho resarcitorio debe regir El principio de la "restitutio in integrum" ha de ser la norma rectora del "quantum" indemnizatorio. y ello ha de atender, en primer término, a la restitución de la cosa al estado que tenía antes del accidente, reparando los daños causados sin que esto suponga enriquecimiento injusto, a pesar de estar valorado el vehículo en cantidad inferior al valor de la reparación de los daños

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la sentencia apelada, y:
PRIMERO.- Se plantea nuevamente en esta alzada el delicado tema de las indemnizaciones de vehículos cuando la reparación de los mismos supera su valor venal. La Audiencia de Zaragoza sigue -como regla general- un criterio restrictivo en la concesión del citado "valor venal".

El principio de la "restitutio in integrum" ha de ser la norma rectora del "quantum" indemnizatorio. y ello porque, como señala la SAP de Zaragoza, Secc. 4ª, de 14-7- 2001,"La responsabilidad civil que se deriva de todo delito ha de atender, en primer término, a la restitución de la cosa al estado que tenía antes del accidente, reparando los daños causados sin que esto suponga enriquecimiento injusto, a pesar de estar valorado el vehículo en cantidad inferior al valor de la reparación de los daños, pues con el abono de éstos sólo se repara el mal hecho y sólo si el valor de la reparación fuera superior al del vehículo nuevo es cuando no habría de darse el valor de dicha reparación, sino el del vehículo nuevo.

NO queda al arbitrio del causante de un daño elegir libremente entre reponer la cosa damnificada al estado que tenía con anterioridad al momento en que se le ocasionaron sus desperfectos o sustituirla por otra distinta y de condiciones análogas a las de la que sea objeto de debate que se puede adquirir de segunda mano en el mercado, y de ahí que, aun cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pueda ser superior al valor en venta que aquél alcanzase en el momento de sobrevenir el accidente, ello no puede obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya por otro de idénticas o similares características y estado de conservación del que tenía, en lugar de procederse a su restauración". En idéntica línea la de la Sección Segunda, de 28 de febrero de 2000.

SEGUNDO.- Concreta ese sentir jurisprudencial la sentencia de esta Sección 5ª, de 31 de mayo de 2002, cuando dice que "La cuestión litigiosa versa únicamente en la aplicación al caso concreto de las teorías que sobre el alcance indemnizatorio existen en la doctrina y jurisprudencia. En todo caso hemos de partir del derecho del perjudicado a la reparación total de sus daños, a la "restitutio in integrum". Es decir, su patrimonio ha de quedar indemne, en iguales condiciones a las que tenía inmediatamente antes del accidente. Por lo tanto, la regla general en el campo indemnizatorio derivado de la circulación será la de indemnizar el valor de la reparación del vehículo siniestrado. Ahora bien, a tal principio se le conocen dos excepciones:

a) cuando el valor de reparación sea incluso superior a un vehículo nuevo y
b) cuando la diferencia entre el coste de la reparación y el valor venal sea tan considerable que nos sitúe ante un abuso de derecho por parte del perjudicado, quien se vería enriquecido de forma injusta.

SEGUNDO.- […]

TERCERO.- En el caso enjuiciado es preciso tener en cuenta una serie de factores. Uno de carácter cronológico. El 1-10-2001 tiene lugar el accidente, entre dos vehículos de la misma aseguradora. El día 5-10, acude el perito , que valora en venta la furgoneta siniestrada en 150.000 ptas., por sus casi 12 años de antigüedad y valora la reparación en 549.847 pesetas. El día 15-10 (es decir, 10 días después) el vehículo ya está reparado puesto que se emite la factura por "Talleres Gargallo" con fecha 15-10-01 y por el precio peritado por el experto de la aseguradora (3304,65 €). El 24 de ese mismo mes Euromutua ofrece 300.000 ptas., que son rechazadas por el perjudicado pues la furgoneta ya ha sido reparada. El 26-noviembre-01 la Compañía ofrece esas 300.000 pesetas, poniéndolas a disposición del Sr. Hugo. y el 9.12 el taller reparador comunica al Sr. Hugo que puede pasar a recoger su furgoneta previo pago de la reparación.

CUARTO.- Considera este Tribunal que no se puede hablar en esta caso de "abuso de derecho" por parte del perjudicado. Ha arreglado una furgoneta por el precio peritado. La ha reparado después de la visita del perito de la Compañía y con cierta celeridad puesto que de lo que no cabe duda es de que tiene derecho a usarla. Uso que le ha privado exclusivamente la culpa del conductor contrario. Por otra parte, no se puede establecer un régimen rígido de porcentajes admisibles o inadmisibles entre el valor venal y el de reparación, puesto que cuanto menor sea aquél, mayor dificultad existirá de encontrar en el mercado de segunda mano un vehículo que ofrezca garantías y que confieran la seguridad que poseía el vehículo siniestrado cuyas limitaciones ya eran conocidas por su titular.

Es por ello por lo que no podemos hablar en este caso concreto de abuso de derecho por parte del perjudicado. Debiendo, en su consecuencia, estimarse la demandada y el recurso.

 

Sentencia de la AP Pontevedra de 21 de mayo 012 (nº 413/2012, rec. 6022/2011). No se entiende aceptado el aumento de la póliza  puesto que no se informó previamente y los criterios de actualización no se especifican en el contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.- Hechos probados.
No es objeto de controversia la existencia de un contrato de seguro ni la comunicación realizada por el asegurado el día 29/12/2009 mediante comunicación escrita en la que el demandado manifestaba que "por motivos estrictamente económicos, me veo en la obligación de rescindir la póliza de salud que mantengo con Ud. desde hace años y a entera satisfacción y cuyo vencimiento es el 31/12/2009. Les ruego por lo tanto no pasen al banco el recibo de la anualidad del 2010 ya que no podré atenderlo". Previamente, el actor realizó una llamada al teléfono facilitado al efecto por la aseguradora, según consta en el extracto de llamadas aportado al folio 48. "X seguros" presentó el recibo al pago en la cuenta bancaria señalada en el contrato el día 5/1/2010 y fue devuelto por el demandado. El recibo fue presentado nuevamente al pago el día 21/01/2010 y devuelto de nuevo (folio 47).

El Hospital […] facturó a "X Seguros" con cargo al seguro una consulta realizada el día 27 de enero de 2010. Según se explica en el certificado de expedido por el hospital, "en un principio se facturó a "X Seguros" realizándose posteriormente el abono de la misa, abono num. NUM000, por no corresponder la facturación a dicha entidad.

"X Seguros" " no aporta el contrato de seguro original firmado por las partes, pero en la póliza aportada se hace constar que su efecto comenzaba el día 1/7/1997 fecha en la que el demandado fija el inicio de la relación contractual. Dicha póliza era de duración anual renovable y el demandado considera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro, las partes no pueden fijar un plazo superior a diez años de forma que el vencimiento se produjo el día 1/7/2006 quedando extinguido el contrato y a partir de entonces cada año se formalizaría un nuevo contrato.

CUARTO.- La parte demandada realiza una interpretación errónea del artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro. Este artículo establece que "la duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez.

El contrato de seguro constituye una relación jurídica de las llamadas continuas, duraderas o de tracto sucesivo. La duración ha de ser determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años, pero la duración fijada es anual, admitiendo dicho artículo la posibilidad de que se prorrogue una o más veces por un periodo no superior a un año cada vez sin que se limiten las prórrogas hasta los diez años. Igualmente, el citado precepto establece que las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso.

La Jurisprudencia declara el carácter imperativo del artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro a no ser que en el contrato se disponga otra cosa, siendo una ley de mínimos, es decir que el asegurado, a no ser que convengan otro plazos en la póliza, debe cumplir dicha norma y notificar al asegurador dos meses antes de la conclusión del periodo asegurado su voluntad de no renovar el contrato (STS 18/7/87; 28/11/85). Igualmente las STS de 30/4/1993y 24 /12 /1994 señalan que el artículo 22 de la LCS es una norma imperativa cuyo cumplimiento puede únicamente obviarse a través del consentimiento de ambas partes, pues de lo contrario quedaría el contrato al arbitrio de uno de los contratantes, lo que está prohibido por el artículo 1256 del Código Civil.

De acuerdo con los hechos probados, el desistimiento del contrato no se realizó con el preaviso realizado en el plazo legal, por lo que por si solo, no tuvo eficacia extintiva.

QUINTO.- La parte demandada reproduce en esta instancia otro motivo de oposición ya deducido en la fase alegatoria; la ausencia de notificación de la elevación de la prima y consiguiente falta de consentimiento.

La póliza aportada "actualizada al 1/1/2008", contempla un prima neta de 1976,83 euros mientras que en la del año 2009 era de 2241,44 euros. Pese a alegarse en contestación a la demanda, de contrario no se niega que exista una elevación de la prima y no consta que tal alteración fuese notificada al tomador antes de los dos meses anteriores al vencimiento, lo que hubiera permitido al demandando valorar en aquel momento si le convenía renovar el contrato.

En la póliza se pacta una revalorización de la prima en atención a circunstancias varias (siniestralidad, edad, sexo, costes anuales de los servicios...) pero no se ofrece ninguna explicación de la aplicación de tales índices. El caso es que de forma unilateral se determina el importe de la actualización de forma automática sin expresar los criterios empleados y no consta que ello se haya hecho según criterios técnicos y proporcionados de acuerdo con el justo equilibrio de las prestaciones.

No existe pues, un tipo de revalorización automática sino que fue unilateralmente determinada por la parte demandada con el cobro de la prima. En consecuencia, no puede considerarse consentido el aumento de la póliza, por lo que estaba facultado para no aceptar la nueva prima a partir de que conociese el nuevo importe, pudiendo, por lo tanto, desistir de la prórroga del contrato.

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