Garantías
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Jurisprudencia

Sobre la aplicación de la normativa de garantías sobre los animales. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4 de diciembre de 2009.

«En cuanto a si el animal se puede considerar objeto de regulación de la normativa de consumo, es una cuestión que niega la parte apelante y se remite a la st de la AP de Barcelona de 19-4-07. Sin embargo, esa resolución no establece que no sea aplicable la normativa especial, sino que resuelve el caso según el CC porque esa parece ser la normativa invocada según resulta del texto de la resolución. No obstante en sentido contrario a las alegaciones de la parte apelante se encuentran la st A P Granada de 21-11-08, o st AP de Oviedo de 30-6-01. En esta última resolución se considera el animal (semoviente) como mueble, y se remite al Estatuto gallego del consumidor donde expresamente se recogen los semovientes como objeto de protección. También, la st A P Alicante de 17-10-07, en supuesto de animal que falleció por enfermedad, si bien aplica el régimen general de incumplimiento total del contrato del CC, y tiene en cuenta la normativa de consumidores. Esta, en definitiva, pretende proteger al consumidor en los supuestos de falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa, siendo el ámbito de aplicación (art.2 de la Ley 23/2003 y art.6) delimitado también por exclusión de determinados bienes. En esta línea, en el caso, consta en el contrato una garantía que es algo adicional que ofrece el comprador para asumir sus obligaciones, y que pone de manifiesto la voluntad de proteger al adquirente del animal por la falta de conformidad. Por ello, y aunque la cuestión puede plantear dudas, se mantiene la sentencia en el aspecto que sostiene que el objeto de la compraventa no impide aplicar la normativa de consumidores.»

Sobre la falta de conformidad. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 28 de septiembre de 2010.

«En primer lugar, no hay que discutir ni dudar de que la avería que se produjo en el vehículo de segunda mano adquirido por los actores, y que había sido vendido por la entidad demandada, consistente en rotura del turbo compresor, fue detectada a finales del mes de julio de 2.009, siendo así que la adquisición del vehículo se produjo en el mes de octubre de 2.008, habiendo transcurrido, por tanto, más de seis meses desde dicha adquisición. Pero tal dato carece totalmente de relevancia, puesto que en todo caso no había transcurrido aún el plazo de un año desde dicho momento, ni por supuesto el de dos años, plazos éstos a tener en cuenta por lo que se dirá a continuación.

Lo que desde luego merece rechazo es la afirmación que se vierte en el escrito de interposición del recurso acerca de que, al no haberse manifestado la avería hasta transcurrir tal espacio de tiempo, ello demuestra que el objeto de la venta, el vehículo en cuestión, era conforme a los fines del contrato, entendiendo por tal su aptitud para el uso a que ordinariamente se destina el objeto. Tal y como se razona de forma extensa en la sentencia recurrida, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que sintetiza y acoge además otras Leyes complementarias (tales como la Ley 2/2003, de 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de consumo), si tenemos en cuenta la antigüedad y kilometraje del vehículo usado objeto de compraventa, así como el número de kilómetros hechos desde el contrato (unos 7.000), el hecho de que se rompa o averíe el turbo compresor de dicho vehículo, sin mediar un accidente o uso inadecuado del mismo que en absoluto se acreditan, es totalmente anormal y revela que dicho vehículo no podía ser considerado, en el momento de celebrarse el contrato, conforme al uso a que estaba destinado, debiendo, por tanto, responder el vendedor de tal falta de conformidad a la vista de lo que disponen los artículos 114, 116, 118 y 119 del citado Texto legal, y en ello en el plazo de dos años, sin olvidar, por otro lado, que, en el contrato suscrito entre las partes, la parte vendedora concedió a la compradora una garantía por el plazo de un año desde la celebración del contrato que incluiría el funcionamiento correcto conforme a un uso normal de todos los componentes mecánicos del vehículo, entre ellos lógicamente uno tan esencial como el turbo compresor.

Además de todo ello, resultan por supuesto rechazables los demás alegatos que contiene el recurso, tales como la falta de acreditación de la avería, que resulta indiscutible a tenor de los informes de la entidad XXXXX, especialista o agente oficial de la marca XXXXX, así como la supuesta concurrencia de culpas, totalmente inexistente, puesto que queda acreditado suficientemente que los compradores, al notar la avería, y sin ser conocedores de su trascendencia, hicieron todo lo posible por corregirla poniendo los hechos en conocimiento de la entidad vendedora, por lo que no se entiende a qué se refiere la parte apelante.

No hay, por tanto, ni error en la valoración de la prueba ni infracción de precepto legal alguno, debiendo desestimarse íntegramente el recurso interpuesto y confirmada la sentencia recurrida, cuyos acertados razonamientos damos aquí por totalmente reproducidos.»

Sobre los plazos de la garantía. Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 2 de septiembre de 2010.

«En la demanda, como pretensión principal, se interesó […] la condena a los demandados a prolongar la garantía del vehículo por un período mínimo de 12 meses. […].

La pretensión de prolongar el periodo de garantía durante un período mínimo de 12 meses se desestimó de forma justificada.

No hay previsión legal que permita prolongar el periodo de garantía de esa manera. El juez no puede alterar los plazos garantía que establecen las leyes. La reparación suspende el cómputo de los plazos de garantía desde que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor hasta la entrega al consumidor del bien ya reparado. (Artículo 6 de la Ley 23/2003). Pero el demandante no ha solicitado la ampliación de la garantía en atención a esos períodos, en los cuales sería dudosa cuando ha dispuesto de vehículo de sustitución, sino por un plazo global, notablemente superior a la duración de esos períodos, algo que la ley no prevé.»

Sobre la prueba de la avería y la presunción de la responsabilidad del vendedor si se manifiesta en los seis primeros meses. Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 18 de diciembre de 2009.

«SEGUNDO.- Tampoco yerra juez en la interpretación de la prueba, toda vez que el demandante se limita a decir que el teléfono no funciona, sin justificar en modo alguno cual es la causa de que haya dejado de hacerlo.

Tanto el art. 119 del vigente RDLeg. 1/07 como el derogado art. 4 de la Ley 23/2003, establecen la responsabilidad del vendedor cuando el producto adquirido por el consumidor no sea conforme con el contrato, lo que obviamente sucede cuando el aparato comprado se avería, de tal forma que no cumple con su función y destino.

En el presente caso no ofrece duda el hecho de que si el teléfono del apelante no funciona, éste no puede estar conforme con el contrato (usando la terminología legal). Siendo el motivo de la desestimación de la pretensión ejercitada en la demanda, el relativo a la carga de la prueba.

El art. 123 del RDLeg. tras decir que: "el vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega", establece que: "salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, ... ... ..., ya existían cuando la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad ".

Es decir, se establece una presunción iuris tantum, que tan sólo es predicable al período comprendido dentro de los 6 primeros meses a partir de la compra del aparato, imponiendo al consumidor expresamente la necesidad de probar la falta de conformidad , si ésta tiene lugar en los meses sucesivos.

Lo que determina la confirmación de la sentencia, toda vez que el aparato se adquirió el noviembre de 2.006 y la falta de funcionamiento se detectó en septiembre de 2.007 -10 meses más tarde-, sin que el actor haya acreditado que el defecto determinante de la falta de funcionamiento fuere debido a un fallo del mecanismo inherente al aparato, tal y como le correspondía.»

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