Energía
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Jurisprudencia

1. Sentencias que consideran abusiva la facturación de derechos de alta

no aprobados (Facturación de derechos de alta en contratos de suministro de  gas natural no aprobados por la administración): AP Burgos de 3 junio 1999, de 27 septiembre de 1999, 12 enero 2000, de 14 enero 2000 (AC 2000\709), de 21 enero 2000, de 17 febrero 2000, de 15 mayo 2000, de 31-5-2000; de 14 febrero 2001; de 16 mayo y de 28 noviembre 2002; AP Córdoba de 25 febrero 2004.

2. Sentencia que considera abusiva la cláusula penal por extinción  anticipada en contratos de suministro: SAP Alicante de 12 mayo 2008.

3.- Responsabilidad de la empresa suministradora de electricidad en relación con las condiciones de la instalación.

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª), en Sentencia de 28 de diciembre de 2009 declaró la responsabilidad solidaria de la empresa suministradora de energía por la muerte de una persona como consecuencia de una descarga eléctrica provocada por la instalación.

La sentencia considera que la responsabilidad debe alcanzar a la empresa por la infracción del deber de cuidado y diligencia (en el mismo sentido la SSAAPP de La Rioja de 31 de julio de 2000 y de Madrid de 17 de abril de 2007).

La Audiencia considera igualmente que la normativa reguladora y el propio contrato de suministro de energía han de ser interpretados a la luz de lo dispuesto en la normativa de consumidores y usuarios.

La empresa, dice la resolución, "tiene atribuido un deber de vigilancia"; haciendo regencia a la letra g) del art. 5.2 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (recordar que esta Ley fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), señalaba que debía observarse como garantía de la salud y seguridad de las personas: "la obligación de retirar o suspender, mediante procedimientos eficaces, cualquier producto o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas".

Aunque la normativa del momento de la instalación no exigía la instalación de un interruptor diferencial, la empresa suministradora debería haber informado y exigido a través de los medios pertinentes a los propietarios que llevaran acabo las actuaciones necesarias de conservación, mantenimiento y actualización de las medidas de seguridad.

La inactividad de la empresa constituye una infracción de sus deberes; si la anticuada instalación hubiera contado con el interruptor diferencial la corriente eléctrica se habría cortado y la muerte se habría evitado, según indican los informes periciales.

4.- Audiencia Provincial de Madrid, sec. 12ª, S 27-4-2010, nº 283/2010, rec. 745/2008, que confirma la sentencia de instancia, estimando la reclamación de daños, producidos como consecuencia de una sobretensión en el suministro eléctrico.

Reproduciendo parte de los Fundamentos más interesantes, la resolución considera que "La empresa comercializadora, está insistiendo en la exención de responsabilidad por sobrecarga de suministro en una red ajena, cuestión que en parte ya ha sido examinada y resuelta en anterior fundamento de derecho, en el que se ha razonado la legitimación pasiva de la recurrente para soportar la acción indemnizatoria contra ella dirigida, que se fundamenta, principalmente, en las obligaciones por ella asumidas en el contrato, y en concreto en la que la empresa de energía X S.L.U., garantiza el suministro de la totalidad de la energía eléctrica , o lo que es igual, se obliga al suministro de electricidad y por ende ha de responder de los perjuicios que produzca al consumidor, perjuicios de los que se responderá de acuerdo con la legislación vigente, sin que la atribución de responsabilidad a la distribuidora, sea causa de exoneración de la propia pues la misma se ha asumido contractualmente por la apelante frente al consumidor, debiendo indicar que este planteamiento, deja al margen las acciones que frente a Iberdrola, pueda tener la recurrente, una vez haya hecho frente a sus obligaciones contractuales.

Por tanto, y partiendo de lo ya manifestado, y en concreto que la demandada es la empresa que vende la energía a la compañía asegurada ciertamente debe tener responsabilidad cuando la alteración del producto vendido o en el servicio prestado producen daños a la empresa, sin olvidar que posteriormente, si así lo estima procedente y de acuerdo con la normativa del sector pueda repetir contra la entidad distribuidora de la energía . Sin embargo, no puede acogerse este motivo, pues teniendo en cuenta (como la propia apelante dice) de que es la que vende tal energía a la asegurada de la actora, parece evidente que alguna responsabilidad tendrá cuando las alteraciones en el producto vendido o en el servicio prestado producen daños al cliente".

En cuanto a la normativa aplicable, la Sentencia considera que (al igual que en la Sentencia de la misma Audiencia Provincial Sección 8ª de 3 de octubre de 2009): "El artículo 41 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las compañías distribuidoras están "Obligadas a realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones aplicables, prestando el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen, manteniendo las redes de distribución eléctrica en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica. Pero también dispone el artículo 48, referente a la Calidad del suministro eléctrico que: "1.- El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas titulares de autorizaciones previstas en la presente Ley con las características y continuidad que reglamentariamente se determinen para el territorio nacional, teniendo en cuenta la diferenciación por zonas a la que se refiere el numero siguiente. Para ello, las empresas de energía eléctrica contaran con el personal y medios necesarios para garantizar la calidad del servicio exigida por las reglamentaciones vigentes. Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidores y comercializadoras promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el control de la calidad del suministro eléctrico ". Y el art. 44, señala que las empresas comercializadoras deberán presentar al operador del mercado garantía suficiente para cubrir su demanda de energía de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. Por su parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica , establece igualmente la obligación de suministrar la energía eléctrica de forma continuada y con los niveles propios. Y su artículo 71 b), recoge como obligación de las comercializadoras la de cumplir condiciones de capacidad legal, técnica y económica que se determinen en su autorización para actuar como comercializadoras".

En cuanto a la prueba, establece que "De todo ello se desprende que la demandada responde frente al cliente de la falta de suministro o de los daños y perjuicios causados por el incorrecto funcionamiento del servicio, responsabilidad de la que solo se exime si justifica que concurre un caso de fuerza mayor o culpa exclusiva del usuario, justificación que, por otra parte, le es exigible dada la mayor facilidad probatoria que al respecto tiene, bien acudiendo a la Legislación sobre Consumidores, en cuyo caso resultaría de aplicación el artículo 28, 2 de la LGDCU cuando dispone que: "2. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los productos alimenticios, los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad , electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y productos dirigidos a los niños", o bien, si se entendiese que dicha Ley no puede ser aplicada por la DF Primera de la LRCPD: "Los artículos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, art.25 ,  art.26  art.27  art.28, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no serán de aplicación a la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos incluidos en el artículo 2 de la presente Ley ", seria de procedente cita lo dispuesto en su artículo 2º cuando, al referirse al concepto legal de producto, expresa que: "A los efectos de esta Ley, se entiende por producto todo bien mueble, aun cuando se encuentre unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, excepto las materias primas agrarias y ganaderas y los productos de la caza y de la pesca que no hayan sufrido transformación inicial. 2. Se consideran productos el gas y la electricidad ", o bien - como referencia genérica de obligada consignación- en base al precepto general dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado".

A lo que hay que añadir que: El art. 48 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, sobre Regulación del Sector Eléctrico, establece, en relación a la calidad del suministro, que deberá realizarse con las características y continuidad que reglamentariamente se determinen y, para ello, dichas empresas deberán contar con el personal y medios necesarios para garantizar la calidad del servicio, y promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el control de la calidad del suministro eléctrico .

Obligación que es reiterada en el art. 66 del Anexo II del Real Decreto 1075/1986 de 2 de mayo, por el que se establecen Normas sobre las Condiciones de los suministros de Energía Eléctrica y la Calidad de este servicio (que da nueva redacción al Reglamento de 1954): "Salvo causa de fuerza mayor, las Empresas o Entidades distribuidoras de energía eléctrica tienen la obligación de mantener permanentemente el servicio, cuando no conste lo contrario en los contratos de suministro, en las condiciones indicadas en el artículo anterior"; art. 66, que en su párrafo segundo, acompaña una delimitación más estricta aun de la imponderable fuerza mayor: En cualquier caso, no se consideraran como casos de fuerza mayor los que resulten de la inadecuación de las instalaciones eléctricas al fin que han de servir, la falta de previsión en la explotación de las redes eléctricas o aquellos derivados del funcionamiento mismo de las Empresas eléctricas ".

Dado que la compañía suministradora está obligada a efectuar una prestación continua, manteniendo constante la tensión y frecuencia que figura en la póliza, y con amplias facultades técnicas y de control y supervisión de la red e instalaciones eléctricas, una vez acreditado que se ha producido una incidencia en el suministro, a ella le incumbe la carga de probar que no es responsable ni le es imputable, y que ha cumplido con la diligencia debida las obligaciones que le corresponden. Consecuentemente, no incumbe probar al perjudicado que la empresa suministradora actuó con negligencia, sino por el contrario corresponde a la recurrente -demandada, justificar, en cuanto hecho extintivo o suspensivo de la obligación de suministro continuo de energía : a) que la incidencia en el suministro tuvo su origen en avería producida por fuerza mayor; y b) que las instalaciones eléctricas (incluidas las de propiedad particular sobre las que tiene obligación de supervisión) no se encontraban en adecuado estado, Sentencia de 2 de abril de 2008, por lo que debe de rechazarse igualmente el segundo motivo del recurso".

5.- Audiencia Provincial de León, sec. 1ª, S 11-3-2010, nº 94/2010, rec. 369/2009, sobre daños y perjuicios causados a consecuencia de la suspensión de suministro eléctrico, pero no se estima al existir fuerza mayor.

Dice la resolución que "...el suministro eléctrico está regulado por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Esta Ley regula, entre otros, la ordenación del suministro (título II), su régimen económico (título III) y las obligaciones y derechos de las empresas comercializadoras en relación con el suministro de energía eléctrica (art. 45 de la citada Ley). En suma, se produce la regulación de la contratación de un servicio público básico y estratégico para la economía nacional, y en ese ámbito regulador se establece la obligación de la empresa suministradora de garantizar el suministro sin interrupciones, con las únicas excepciones previstas en el artículo 50, que expresamente contempla la fuerza mayor como causa de suspensión del suministro. No existe, por lo tanto, incumplimiento del contrato por suspender el suministro cuando concurre fuerza mayor que lo justifique".

En cualquier caso, dice la Sentencia, "...lo verdaderamente relevante es determinar si se acredita la concurrencia de fuerza mayor como causa de exclusión de la obligación de suministro de la demandada, y la alegación de los hechos que la sustentan y la carga de su demostración incumbe a la empresa suministradora.

El artículo 27 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica , en su apartado 8 establece: "No se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de fuerza mayor o las acciones de terceros. A estos efectos, no se considerarán causas de fuerza mayor las que se establezcan en las instrucciones técnicas complementarias. En ningún caso los fenómenos atmosféricos que se consideren habituales o normales en cada zona geográfica, de acuerdo con los datos estadísticos de que se dispongan, podrán ser alegados como causa de fuerza mayor".

Pero cualquier incidencia externa causada por terceros, no es nunca responsabilidad de la empresa suministradora, como tampoco lo sería cualquier hecho súbito e imprevisible que produzca la rotura de elementos del sistema de distribución. En este sentido, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 18 de diciembre de 2006, nos dice: "También tiene dicho esta Sala que la fuerza mayor ha de entenderse constituída por un acontecimiento surgido "a posteriori" de la convención que hace inútil todo esfuerzo diligente puesto en la consecución de lo contratado (S. 24 de diciembre de 1.999), debiendo concurrir en dicho acontecimiento -hecho determinante- la cualidad de ajenidad, en el sentido de que ha de ser del todo independiente de quien lo alega (SS. 19 de mayo de 1.960, 28 de diciembre de 1.997, 13 de julio y 24 de diciembre de 1.999 y 2 de marzo de 2.001), sin que pueda confundirse la ajenidad con aquellas circunstancias que tienen que ser asumidas y previstas por la parte contratante de quien depende el cumplimiento (S. 22 de febrero de 2.005); y asimismo debe haber una total ausencia de culpa (SS. 31 de marzo de 1.995, 31 de mayo de 1.997, 18 de abril de 2.000, 23 de noviembre de 2.004), porque la culpa es incompatible con la fuerza mayor y el caso fortuito (S. 2 de enero de 2.006). La "fuerza mayor" ha de consistir en una fuerza superior a todo control y previsión (S. 20 de julio de 2.000), y para ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una posibilidad de orden práctico (S. 4 de julio de 1.983, reiterada en las de 31 de marzo de 1.995, 31 de mayo de 1.997, 20 de julio de 2.000 y 15 de febrero de 2.006). La jurisprudencia, en su versión casuística, insiste en la exigencia de haber obrado con la diligencia exigible por las circunstancias de cada caso (atención y cuidados requeridos -S. 16 de febrero de 1.988 -; diligencia razonable -S. 5 de diciembre de 1.992 -; adecuada -S. 5 de febrero de 1.991 y 2 de enero de 2.006 -; precisa -S. 31 de marzo de 1.995 -; debida -SS. 28 de marzo de 1.994 y 31 de mayo de 1.997 -; necesaria -S. 8 de noviembre de 1.999 -), pues la fuerza mayor, como el caso fortuito, no procede ante un comportamiento negligente con suficiente aportación causal".

En este caso no se estima la demanda dado que los daños se produjeron por hechos ajenos a la suministradora.

También se alude en esta resolución a la obligación de inspeccionar las líneas por parte del titular de la instalación, pero se dice que el artículo 163 del Real Decreto 1955/2000, contempla una periodicidad no inferior a tres años, sin que haya existido negligencia por parte de la titular de la instalación.

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